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Contraloría imputa más de $22.000 millones por corrupción en compra de carrotanques

La Contraloría General imputó responsabilidad fiscal por más de $22.000 millones a exfuncionarios de la UNGRD y empresas vinculadas por corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira. También se investigan sobrecostos en contratos de alimentación en Arauca y La Guajira.

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Foto: La voz del país

Más de $22.000 millones en pérdidas por irregularidades en carrotanques

La Contraloría General imputó responsabilidad fiscal por más de $22.000 millones contra Impoamericana Roger S.A.S, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Corporación Mixta para Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú). La investigación detectó corrupción en la compra de 80 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.

Entre los imputados están Olmedo de Jesús López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres y supervisor de la Orden de Proveeduría. La Contraloría identificó sobrecostos por $10.722 millones en la adquisición de 40 carrotanques, parte de los cuales ya ha sido devuelta por los implicados.

Contratistas sobrefacturaron y entregaron tarde los carrotanques

El ente de control señaló que Impoamericana Roger S.A.S incurrió en dolo al sobrestimar el valor de los vehículos en la cotización, incumplir obligaciones contractuales y presentar documentación insuficiente pese a pagos anticipados del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Los carrotanques solo fueron recibidos a satisfacción hasta el 16 de enero de 2024, más de un mes después de la fecha pactada.

Por su parte, los otros 40 carrotanques fueron pagados a la Corporación Mixta Yapurutú. La Contraloría archivó la investigación contra Carlos Alberto Carrillo Arenas, actual director general de la UNGRD, al comprobar que los vehículos están en funcionamiento.

Nuevas investigaciones por sobrecostos en programas de alimentación

La Contraloría también abrió dos procesos de responsabilidad fiscal por sobrecostos en contratos del programa “hambre cero” ejecutados por la UNGRD en 2023 en La Guajira y Arauca. Los señalados nuevamente son Olmedo López y Sneyder Pinilla.

El contrato investigado contempla la alimentación de 700 personas en Hatonuevo y Manaure durante 90 días, con una inversión de $5.240 millones. La Contraloría detectó sobrecostos por $1.001 millones en la contratación de raciones alimentarias para comunidades wayuú.

¿Cómo afectarán estas investigaciones a la gestión del riesgo en Colombia?

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