En un momento crítico para su economía, el Gobierno de Cuba ha decidido flexibilizar sus políticas para permitir que los cubanos residentes en el exterior inviertan en el país. Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión, anunció en el programa oficial Mesa Redonda que los emigrados podrán ser socios o propietarios en empresas privadas, incluyendo proyectos de gran escala, y asociarse con entidades estatales y privadas.
Esta apertura también se extiende a las empresas estadounidenses, en un contexto de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos para evitar una crisis humanitaria mayor, especialmente tras la declaración de emergencia nacional por parte de Donald Trump que ha afectado el suministro de combustible a la isla.
El plan incluye además la posibilidad de que los cubanos en el exterior abran cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos y obtengan licencias para operar como proveedores de servicios de activos virtuales. También se contempla la entrega de tierras en usufructo para fortalecer el sector agropecuario, vital para reducir la dependencia de importaciones.
“Si a finales de marzo no se ve la chimenea de un tanquero en el horizonte, llegó la hora cero para Cuba”, advierte Jorge Piñón, experto en energía de la Universidad de Texas, al referirse a la crisis energética que atraviesa la isla.
A pesar de estas medidas, la comunidad cubana en el exterior muestra escepticismo debido a experiencias pasadas de pérdidas económicas, expropiaciones y detenciones. Surgen dudas sobre la legalidad, transparencia y garantías que ofrecerá el Gobierno cubano en esta nueva etapa de apertura.
Mientras tanto, la crisis en Cuba continúa agravándose, con apagones generalizados y escasez de combustible, lo que ha llevado a una situación límite que podría desencadenar un impacto social significativo si no se logra estabilizar pronto.