Con el propósito de aproximarse al margen de maniobra con el que contará el ministro designado de Hacienda del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez, para su anunciado recorte de 60 billones de pesos en el Presupuesto, el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana realizó una revisión de los gastos de funcionamiento del 2026, los cuales llegan a 358,1 billones de pesos.
Un análisis que desnuda la rigidez fiscal
El estudio examinó más de 2.200 rubros del presupuesto de funcionamiento para determinar qué tan inflexibles son. La conclusión es contundente: cerca de dos terceras partes del gasto de funcionamiento de Colombia está atado a normas constitucionales, lo que deja poco espacio para ajustes sin modificar la Carta Magna.
La rigidez del gasto público es uno de los mayores desafíos estructurales que enfrenta el nuevo Gobierno. Sin una reforma constitucional, el recorte de 60 billones de pesos parece una meta casi imposible de alcanzar solo con ajustes administrativos.
El Presupuesto 2026 y el desafío de Gómez
El Presupuesto de 2026 se aprobó por un monto de $546,9 billones de pesos. De ese total, los gastos de funcionamiento representan 358,1 billones, y según el análisis de Corficolombiana, la mayoría de esos recursos están comprometidos por mandatos constitucionales, como transferencias a regiones, pensiones y servicios de deuda.
- El 66% del gasto de funcionamiento está blindado por la Constitución.
- Más de 2.200 rubros fueron revisados para medir su flexibilidad.
- El recorte anunciado de $60 billones requeriría cambios estructurales profundos.
El ministro Gómez ha anunciado que su reforma tributaria no será solo para poner parches, pero el análisis de Corficolombiana sugiere que, sin tocar las normas constitucionales, el margen de recorte es muy limitado. La discusión sobre qué gastos son realmente prioritarios y cuáles pueden reducirse sin afectar derechos fundamentales será el centro del debate en los próximos meses.