La historia judicial de una finca ubicada en el municipio de Tuta, Boyacá, comenzó a escribirse hace casi dos décadas en medio de una investigación internacional contra una red de narcotráfico que pretendía inyectar cocaína por toneladas a Europa. Con esos antecedentes, y luego de ser confiscado y administrado por el Estado, ese mismo predio tendrá un destino completamente distinto: será un proyecto lechero industrial para fortalecer la economía regional.
La transformación será posible gracias a una entrega realizada en las últimas horas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Gobernación de Boyacá. Junto con la finca, la entidad también entregó un segundo inmueble en Tunja, vinculado al mismo entramado criminal, que será destinado a un centro de detención transitorio para personas condenadas por delitos relacionados con violencia de género.
Un capo invisible y su red internacional
El primero de los predios perteneció a Miguel Ricardo Quintero Martínez, un colombiano capturado en Costa Rica en 2007 y señalado por las autoridades como uno de los líderes de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas. Según las investigaciones, se trata de uno de los narcos invisibles que dominaron la zona a principios de los 2000.
Los expedientes judiciales indican que la red criminal lograba enviar hasta 15 toneladas de cocaína al continente europeo mensualmente. Durante los operativos que permitieron desmantelar la organización, las autoridades lograron incautar más de tres toneladas del estupefaciente, una cifra que evidenció, en su momento, el alcance y la capacidad logística de la estructura criminal. De acuerdo con las investigaciones, Quintero Martínez desempeñaba un papel clave dentro de la organización. Su función consistía en coordinar rutas, así como el almacenamiento y distribución internacional de la droga.
De lavado de activos a proyecto lechero
La finca, de aproximadamente 15 hectáreas ubicada en Tuta, habría sido adquirida como parte de una estrategia para lavar plata y ocultar recursos provenientes del narcotráfico. Los procesos judiciales establecieron que se utilizaron diferentes mecanismos para dar apariencia de legalidad a los bienes, entre ellos la participación de terceros como supuestos propietarios.
Ahora, casi 18 años después de aquellos hechos, el terreno tendrá una vocación completamente diferente. La Gobernación de Boyacá planea desarrollar allí un proyecto lechero industrial que aproveche una de las principales fortalezas productivas del departamento.
Un centro de detención para violencia de género
La SAE, asimismo, también entregó un inmueble en Tunja que durante años funcionó como infraestructura tipo hotel o motel, y que igualmente estuvo relacionado con operaciones de lavado de activos atribuidas al mismo entramado criminal.
Ubicado en una zona estratégica de la capital boyacense, el predio será adecuado para convertirse en un centro de detención transitorio. La apuesta de las autoridades es ampliar la capacidad institucional para atender problemáticas de seguridad y justicia en la región.
El inmueble tendrá una función específica: albergar personas sindicadas por delitos asociados a violencia de género. Con ello, la administración departamental busca responder a una necesidad creciente en materia de atención y control de este tipo de conductas violentas que son comunes en esta región del país.