Noticia Defensoría advierte riesgo inminente de confrontación armada y confinamiento en el Litoral del San Juan en ChocóComunidades afro e indígenas enfrentan hambre, restricciones a la movilidad y amenazas por la disputa entre el ELN y disidencias.Litoral del San Juan en Chocó. Foto: Archivo.Link Juan Diego Torres Lasso30.03.2026 06:47 Actualizado: 30.03.2026 06:47 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 010 de 2026 para el municipio de El Litoral del San Juan ante el riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH), derivado de una posible confrontación armada entre el Eln y estructuras disidentes del Estado Mayor Central.Según la entidad, el escenario de riesgo está marcado por la alta probabilidad de combates entre el Frente de Guerra Occidental Che Guevara del ELN y el Frente Jaime Martínez, adscrito al Bloque Occidental Jacobo Arenas del autodenominado Estado Mayor Central (EMC). La disputa se concentra en el control de la quebrada Munguidó, un afluente estratégico que conecta la cuenca del río Calima con el río San Juan, considerado una “llave” para el dominio de rutas del narcotráfico hacia el océano Pacífico, así como para economías ilegales como la minería y la extracción de madera.Litoral del San Juan en Chocó. Foto:Archivo. La Defensoría advierte que esta confrontación se inscribe en una reconfiguración armada que se viene consolidando desde 2025, en la que el Frente Jaime Martínez ha avanzado sobre territorios históricamente controlados por el ELN, posiblemente en medio de acuerdos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Este proceso, señala, incrementa el riesgo de graves afectaciones humanitarias.En las primeras semanas de 2026, la violencia se recrudeció con el homicidio de un joven afrocolombiano y la desaparición de otros dos en el afluente Munguidó. Como consecuencia, 1.367 personas —465 familias— de comunidades negras e indígenas permanecen en confinamiento forzado, con restricciones para movilizarse por los ríos, lo que les impide desarrollar actividades básicas como la pesca, la caza y la agricultura. La población ha reportado además condiciones de hambre derivadas del bloqueo impuesto por los grupos armados.El riesgo se focaliza en veredas pertenecientes al consejo comunitario general del San Juan (Acadesan) y al resguardo indígena Chagpien Tordó, incluyendo Pangalita, Los Perea, Munguidó, Las Delicias, Barrios Unidos, Pángala, Palestina, Coco, Qichero, Taparal, Taparalito San José, Jerusalén, Pueblo Nuevo, Guaimía, Villa Victoria, Peñita, Las Brisas, Tordó, Chivirico, Osorio, Chapién, Durardur y Cocomá.ELN. Foto:Archivo El Tiempo La Defensoría también alertó sobre el fortalecimiento de una “gobernanza armada” por parte de estas estructuras ilegales, que imponen normas mediante panfletos y amenazas. En uno de ellos, fechado el 31 de enero, el Bloque Occidental Jacobo Arenas advierte que declarará “objetivo militar” a quienes no se vinculen a sus filas o sean señalados como colaboradores del grupo contrario. Esta dinámica ha restringido la autonomía de las autoridades étnicas de organizaciones como Acadesan y Woundeko, que en algunos casos deben solicitar autorización a los actores armados para desplazarse en su propio territorio.A esto se suma el uso de drones con explosivos —una práctica atribuida al BOCJA— y la posible instalación de minas antipersonal en caminos rurales, lo que agrava las condiciones de seguridad para la población civil.El impacto humanitario también se refleja en el acceso a la salud. La entidad reporta casos de mujeres con crisis hipertensivas que no han podido ser evacuadas ni atendidas médicamente debido al confinamiento. La situación es especialmente crítica para niños, niñas y adolescentes: en 2025 se documentaron siete casos de reclutamiento forzado, mientras que actualmente 324 estudiantes no están recibiendo clases por temor de los docentes y restricciones de movilidad.Ante este panorama, la Defensoría formuló 17 recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional y territorial, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación del Chocó. El llamado es a una respuesta urgente que permita disuadir la violencia, implementar tecnologías para neutralizar ataques con drones, fortalecer la autoprotección de las comunidades étnicas y garantizar una asistencia humanitaria integral bajo un enfoque de seguridad humana.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. 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