Un panorama desolador en el Pacífico
Una misión humanitaria realizada por un equipo de la Defensoría del Pueblo a una zona de la frontera marítima entre Colombia y Ecuador encontró un panorama desolador de extrema pobreza y violencia, por lo que alertó a las autoridades acerca de los altos riesgos que corren las comunidades.
Los resultados de esa misión de verificación en terreno, adelantada entre el 13 y 18 de mayo del año en curso en la frontera Colombo-Ecuatoriana y la Costa Pacífica de Nariño, fueron revelados por la entidad y concluyen que existe una preocupante crisis humanitaria.
La misión humanitaria recorrió los municipios colombianos de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, Mosquera e Ipiales, así como también las localidades ecuatorianas de Rumichaca, Tulcán, Maldonado y el resguardo indígena Awá de Nulpe Alto, donde pudo constatar cómo el conflicto armado, las economías ilegales y la débil presencia institucional continúan afectando gravemente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que allí habitan.
Expansión de la minería ilegal y cultivos de coca
Según el Defensor del Pueblo regional Tumaco, Jhon Eyder Viafara Quiñonez, entre los principales hallazgos se logró identificar una expansión de la minería ilegal y los cultivos de hoja de coca como amenazas estructurales para los habitantes de esos territorios fronterizos.
La expansión de la minería ilegal representa una amenaza estructural, se verificaron sembríos extensos de coca, socavones activos y afectaciones severas derivadas de operaciones mineras en Ecuador que no cumplieron el proceso de consulta previa con las comunidades Awá.
También denunció que los bloqueos asociados a disputas por el control minero impiden el ingreso de alimentos y bienes básicos a los resguardos indígenas en el territorio. "A la llegada de la comisión, el pueblo Nulpe llevaba cinco días sin poder recibir alimentos", agregó el vocero.
Reclutamiento forzado de menores
La comisión logró recopilar testimonios de los pobladores que evidencian el fenómeno del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes para actividades relacionadas con la minería ilegal, el transporte de insumos bélicos y otras formas de vinculación a los grupos armados ilegales.
Se recogieron relatos directos y declaraciones individuales que evidencian el reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y su instrumentalización para actividades de minería ilegal, transporte de insumos bélicos y otras formas de vinculación armada.
Confinamiento y bloqueo humanitario
En su visita a la zona, la comisión pudo establecer que predomina un confinamiento y bloqueo humanitario, toda vez que los actores armados realizan de manera constante el cierre de rutas fluviales y de caminos selváticos que afectan a comunidades enteras.
La combinación de aislamiento geográfico estructural, al acceso exclusivamente fluvial o por caminos de selva con bloqueos impuestos por actores armados, produce una crisis humanitaria aguda de acceso de alimentos, salud y movilidad.
Otro hecho que no deja de preocupar a la Defensoría del Pueblo es que la gobernanza efectiva en la zona se encuentra en manos de los grupos al margen de la ley. "Esto se expresa en el control de horarios, toques de queda hasta las seis de la tarde, restricción de la circulación, regulación del comercio y definición de quienes pueden o no acceder al territorio", aseguró.
Mínima presencia del Estado
Sobre la presencia institucional del Estado en la región visitada, la Defensoría del Pueblo la consideró como mínima, a tal punto que en el caso del municipio de Mosquera, en Nariño, hay ausencia del servicio de agua potable y la población solo puede acudir al agua lluvia para su consumo y saneamiento.
Frente a este panorama tan desolador y crítico, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al fortalecimiento de la articulación institucional e internacional para atender las problemáticas identificadas, al tiempo que resaltó el trabajo conjunto que realizan la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH en Colombia) y Save the Children.
Además, solicitó a las autoridades competentes implementar medidas inmediatas que garanticen la protección de la vida, aseguren la atención humanitaria y consoliden una presencia efectiva y permanente del Estado en esos territorios de alta vulnerabilidad.