El 15 de abril de 2026 se radicó la tutela número 12 millones en la Corte Constitucional. Este instrumento, que nació con la Constitución Política de 1991, el mayor acuerdo nacional al que hemos llegado como país en nuestra historia reciente, ha sido uno de los principales puentes entre la ciudadanía y las instituciones. Su naturalización en el ADN de los colombianos, sin distinción, es una de las grandes conquistas jurídicas de los últimos 35 años.
Vía tutela, una madre adulta mayor logró que su EPS le asignara un cuidador a su hijo con discapacidad. También se ordenó a una alcaldía construir un puente veredal para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes de una escuela rural. Se han ordenado cientos de miles de tratamientos y la entrega de medicamentos para pacientes terminales. Y se han protegido los derechos de los animales, reconocidos por el alto tribunal como seres sintientes.
En 2016, el alto tribunal también sentó jurisprudencia sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y reconoció el derecho de las personas trans a cambiar el componente sexo en sus documentos identitarios.
La existencia de acciones, como por ejemplo la acción de tutela y la acción pública de inconstitucionalidad, constituyen herramientas que tienen a la mano los ciudadanos para controlar el poder y, además, para solicitar, de manera informal y célere, la protección de sus derechos fundamentales frente a la acción u omisión de las autoridades públicas y de los particulares. Esto conlleva, entonces, que la Constitución no solo sea un instrumento de conocimiento exclusivo de los abogados, sino que también la ciudadanía en general se apropie de los contenidos de la carta fundamental y pueda ella misma agenciar sus propios derechos.
A través de la acción pública de inconstitucionalidad, por ejemplo, se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 y se reconoció este procedimiento como un servicio esencial en salud. Y, aunque Colombia fue pionera en despenalizar el homicidio por piedad (la eutanasia para pacientes terminales), en 2021 se amplió el derecho a morir dignamente para quienes padezcan una enfermedad o lesión grave e incurable que les provoque un sufrimiento intenso. Hoy, la Corte estudia una tutela que pide extender el suicidio médicamente asistido a personas con trastornos de salud mental, lo que evidencia la constante evolución de estas garantías.
Ese catálogo de derechos fundamentales habría quedado, de alguna manera, muerto si no fuera por las acciones públicas, como la acción de tutela, que ha permitido que un juez garantice un derecho fundamental en diez días. Ese es otro de los grandes logros. La acción pública de inconstitucionalidad permite, además, que cualquier ciudadano en Colombia demande una ley que considere contraria a la Constitución. Y ha hecho que la Constitución se convierta en una verdadera herramienta para garantizar derechos y que los ciudadanos se apropien de ella.
Además de las bondades en materia de derechos humanos, la Constitución otorgó al Estado colombiano una solidez institucional, prácticamente inquebrantable, con la separación de las tres ramas y un sistema de control entre poderes.
Pero la Carta Política también enfrenta retos en temas como la descentralización y autonomía territorial. La Constitución planteó la necesidad de que el Estado se construya desde el territorio, una meta que sigue a mitad de camino.
Otro reto muy importante es una reforma político-electoral. Se han hecho reformas en esa materia; es decir, la Constitución de hoy ya no es la misma de 1991 en ese aspecto. Sin embargo, hemos intentado sacar adelante una serie de reformas político-electorales posteriores a las que ya se hicieron, pero han fracasado. Y yo creo que ahí tenemos una deuda importante.
Hablar de la Constitución cobra relevancia, no solo en la conmemoración de los 35 años de su promulgación, sino en un contexto con vientos de constituyente y tensiones en el principio de la separación de poderes. Hechos que, sin embargo, según los expertos consultados, son síntomas de una democracia sana y en movimiento.
Estos son algunos de los temas que se abordarán en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional, del que Colombia será sede por primera vez. El evento se celebrará del 6 al 10 de julio en la Universidad Externado y reunirá a más de 2.000 expertos en esta especialidad para discutir sobre constitucionalismo sostenible, democracia y derechos humanos.