El secuestro que cambió una vida en San Carlos
Juan Carlos, de 20 años, trabajaba como recolector de café en San Carlos cuando un grupo armado lo secuestró el 26 de agosto de 2002. Desde entonces, fue declarado desaparecido, dejando un profundo vacío en su familia, que incluía a sus dos hijos.
“Inicialmente cuando fueron a salir con él, yo les pregunto para dónde se lo llevan y me dicen que en un momento regresa. Le paso la billetera con sus documentos, él la coge y se lo llevan; eso fue a las once de la mañana. Pasó el resto del día y mi hermano no apareció por ningún lado. Ya al otro día en la mañana, el 27 de agosto, me avisan a mí que a mi hermano lo habían matado”.
La espera y el miedo que paralizó a la familia
Juan Carlos fue asesinado la misma noche de su secuestro junto a otras siete personas. Sus cuerpos fueron enterrados en Granada, pero el temor a represalias y la estigmatización impidieron que sus familiares reclamaran los restos por años.
“Lo primero que nos informan es que no se pueden ir a reclamar los cuerpos porque dicen que son guerrilleros y los están esperando en el cementerio de Granada”.
Un cierre esperado tras más de dos décadas
Después de 23 años de denuncias e investigaciones, la familia finalmente recibió el cuerpo de Juan Carlos, permitiéndoles despedirse dignamente y encontrar un alivio en medio del dolor.
“Era muy trabajador, responsable, buen padre, buen hijo, buen hermano, ¿qué más te puedo decir? La verdad, los mejores recuerdos”.
La crisis de desaparecidos en Colombia sigue vigente
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ha entregado 10 cuerpos dignamente. En Antioquia, hay un registro de 27.442 personas desaparecidas, reflejando la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país.
Cada historia como la de Juan Carlos representa un llamado urgente por justicia, memoria y dignidad en Colombia, donde muchas familias aún esperan respuestas.
¿Cómo seguirá la búsqueda de justicia para las víctimas?
La resiliencia de familias como la de Juan Carlos inspira a continuar la lucha contra la impunidad y a fortalecer los procesos de verdad y reparación en Colombia.