Un infarto de terror: Ataque con drone provoca luto y condena
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a través del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez, y su Frente Manuel Alexander Ariza Rosario, emitió un comunicado de prensa dirigido al pueblo de Segovia y al país en general. En él, relatan con detalle los horrores de un ataque perpetrado en la mañana del jueves 26 de febrero de 2026. Según informa el EGC, el método de ejecución del ataque fue una sofisticada táctica de la guerra moderna: un dron cargado con explosivos. El dispositivo fue activado en la vereda La Jagua, dentro del municipio de Segovia, y el evento causó la muerte de tres civiles inocentes que se encontraban en su hogar.
Los fallecidos fueron identificados como María Cecilia Silva Silva y sus dos hijos, Yalusán Cano Silva y Alonso de Jesús Silva. La utilización de drones con fines militares, si bien ha transformado el escenario del campo de batalla en las guerras modernas, evidencia un total desprecio por la vida y seguridad de la poblidad civil, planteando serias cuestiones éticas y legales. La trágica muerte de la familia Silva desgarra la fibra moral de cualquier sociedad y refuerza la necesidad de esfuerzos constantes para proteger a los civiles en contextos de conflicto.
Responsables y violaciones al derecho internacional
El EGC señaló como responsables de este acto abominable a un frente de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias John Fiera y alias Alonso. Este frente, según el comunicado, ha llevado a cabo una serie de ataques sistemáticos contra la población civil, una conducta que viola claramente los principios básicos del derecho internacional humanitario. Este derecho, pensado para mitigar la crueldad y sufrimiento en la guerra, prohíbe expresamente cualquier ataque contra personal no combatiente, protegiendo así la vida y dignidad de las personas en tiempo de guerra.
La comisión de estos actos por parte de las disidencias de las FARC es un claro desafío a estas normas y una violación de los derechos humanos fundamentales. La respuesta del EGC a estos actos ha sido clara y enérgica. La protección de la vida es una prioridad para su organización y, por lo tanto, denuncia estos execrables actos de violencia y exterminio.
Implicaciones y el camino a seguir: Protección y dignidad a la vanguardia
Este suceso no solo representa un crimen de guerra por parte de las disidencias de las FARC, sino que también viola el principio de distinción y la prohibición de aterrorizar, ambos consignados en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra. A medida que el conflicto se intensifica, el EGC ratifica su compromiso y determinación de proteger a las comunidades y luchar contra todas las formas de violencia que amenaza su tranquilidad y seguridad. La organización invita a los derechos humanos y a organismos internacionales a condenar este acto nefasto y cobrar justicia por las víctimas.
En su papel de guardianes de la seguridad de las comunidades a quienes sirven y protegen, y en consonancia con su eslogan de lucha por la dignidad y las reivindicaciones sociales del pueblo colombiano, el EGC reafirma su compromiso con el camino hacia la paz, el respeto por los derechos humanos y la convivencia. Como lo expresaron en su comunicado: 'Somos un ejército que lucha por la dignidad y las reivindicaciones sociales de nuestro pueblo'.