Aunque los espacios de conversación con el ‘clan del Golfo’, las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (disidencias de ‘Calarcá’) y las estructuras urbanas de Medellín y Buenaventura acumulan decenas de acuerdos y protocolos en el marco de la fallida 'paz total', el revelador informe de empalme de la Policía Nacional advierte que las principales barreras siguen siendo el control de las economías criminales, la fragmentación de los grupos armados y la falta de un marco jurídico que permita cerrar los procesos de sometimiento.
Las dificultades estructurales en los diálogos
Más allá del número de acuerdos suscritos durante los últimos tres años, el informe de la Policía, cuyo director es el general William Rincón, deja una conclusión constante en todos los procesos de diálogo que hoy impulsa el Gobierno con organizaciones armadas y criminales: los avances institucionales conviven con dificultades que continúan limitando la consolidación de los acercamientos.
El documento hace un recorrido por los espacios abiertos con los mencionados grupos armados y en todos los casos identifica avances administrativos, creación de mecanismos de seguimiento y suscripción de acuerdos, pero también enumera riesgos que, desde la óptica policial, mantienen alta la incertidumbre sobre la evolución de esas conversaciones.
El caso del 'clan del Golfo': economías ilícitas y falta de marco jurídico
Uno de los procesos donde el informe concentra mayores observaciones corresponde al desarrollado con el ‘clan del Golfo’, reconocido por el Gobierno como grupo armado organizado bajo la autodenominación de ‘Ejército Gaitanista de Colombia’. Aunque la Policía registra la realización de dos sesiones de diálogo, siete compromisos, cuatro protocolos firmados y otros trece aún en construcción, advierte que el escenario sigue condicionado por factores estructurales que permanecen intactos.
- Vinculación estructural con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
- Confrontaciones armadas en diferentes regiones del país.
- Falta de condiciones para consolidar las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
- Riesgo de fortalecimiento criminal durante eventuales pausas operacionales.
- Ausencia de una ley de sometimiento, lo que obliga a aplicar herramientas de Justicia Transicional.
La Policía también identifica un obstáculo de carácter jurídico. Según el documento, “no hay ley de sometimiento por lo que se aplicarían herramientas de Justicia Transicional”, lo que mantiene abierto el debate sobre el mecanismo legal que permitiría materializar un eventual cierre del proceso con una organización cuya naturaleza, según el mismo informe, continúa siendo criminal y no insurgente.
Paz Urbana en Buenaventura y Medellín: treguas rotas y control territorial
Las dificultades también aparecen reflejadas en los procesos de Paz Urbana de Buenaventura. Allí, pese a la firma de acuerdos relacionados con la erradicación del reclutamiento de menores, la eliminación de violencias basadas en género y pactos de no agresión, la Policía señala que las rupturas de treguas siguen siendo una constante. El informe agrega que las disputas territoriales entre las estructuras criminales, la permanencia de economías ilícitas y las limitaciones jurídicas para consolidar acuerdos definitivos de sometimiento o desarme continúan afectando la estabilidad de los acercamientos desarrollados con los grupos conocidos como ‘Shottas’ y ‘Espartanos’.
Una situación similar describe el documento para Medellín y el Valle de Aburrá. Aunque durante el proceso se han firmado cinco acuerdos y seis compromisos relacionados con la reducción de la violencia, la reparación de víctimas, las transformaciones territoriales y la construcción de paz urbana, el diagnóstico institucional concluye que persisten tres factores que dificultan la consolidación de esos diálogos: las economías ilícitas que siguen financiando a las estructuras criminales, el control territorial que estas organizaciones mantienen sobre distintos sectores urbanos, y la ausencia de un marco jurídico definitivo para el sometimiento colectivo y el desarme efectivo.
El Estado Mayor de Bloques y Frentes: fragmentación y disputas territoriales
El panorama no cambia de manera significativa en el caso del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). La Policía reconoce que la mesa acumula siete ciclos de diálogo, una amplia producción de acuerdos y protocolos y decisiones administrativas relacionadas con las Zonas de Ubicación Temporal. Sin embargo, el informe advierte que la implementación de esos compromisos continúa enfrentando dificultades derivadas de la presencia de economías ilícitas en los territorios priorizados, la fragmentación interna de las estructuras armadas y las disputas por el control territorial, fenómenos que, según el documento, siguen incidiendo sobre la estabilidad de los procesos de conversación.
El reporte también evidencia que la respuesta institucional ha consistido en fortalecer los mecanismos de seguimiento. Para varios de los procesos fueron creados observadores policiales, equipos técnicos de apoyo y mecanismos tripartitos de monitoreo encargados de verificar el cumplimiento de compromisos, registrar incidentes y proponer medidas correctivas.