Cuatro días antes de que el nuevo Congreso se posesione, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el que el Gobierno eliminó la prima especial para los parlamentarios que asumirán sus curules el próximo 20 de julio.
Aunque, en principio, la medida parecía cobijar únicamente a los parlamentarios, la alta corte concluyó que también podía afectar el régimen salarial de magistrados, jueces y otros altos funcionarios del Estado generando un 'efecto cascada' que podría amenazar la independencia judicial.
Los argumentos del Consejo de Estado
La decisión se produjo en el trámite de una demanda de nulidad contra el Decreto 030 de 2026, en la que se pidió suspender sus efectos mientras se resuelve de fondo su legalidad. El demandante advirtió que la eliminación de la prima especial podía afectar los derechos adquiridos y el sistema salarial de funcionarios de la Rama Judicial, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, cuyos ingresos están indexados, por disposición legal y reglamentaria, a la remuneración de los congresistas.
Por estar hoy anclados en los ingresos de los miembros del Congreso de la República los sistemas de determinación salarial de algunos de los servidores públicos de la Rama Judicial y de entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo (...), parece visible que la afectación de aquellos no resulta ajena o indiferente para la remuneración de estos últimos.
La providencia recuerda que la Corte Constitucional ha sostenido que la independencia judicial no solo protege la autonomía de cada juez, sino también la de toda la Rama como institución. Esa independencia, agrega, está respaldada por varias garantías, entre ellas un sistema salarial propio y acorde con la función que desempeñan los servidores judiciales.
Por eso, advierte que modificar ese esquema mediante la reducción de la base salarial de los congresistas puede comprometer una de las garantías de este principio democrático.
Por ser la independencia judicial uno de los presupuestos fundamentales del Estado social y democrático de Derecho (...), cualquier interferencia con su dimensión institucional o individual merece una especial consideración.
El despacho sostuvo que la medida podía generar consecuencias que van más allá de la remuneración, como afectar el clima organizacional de la Rama, desestimular la productividad, incentivar la salida de funcionarios, reducir el atractivo de la carrera judicial y abrir un escenario de litigios y reclamaciones laborales.
El principio de 'a igual trabajo, igual salario'
Otro de los argumentos que llevó al Consejo de Estado a suspender el decreto fue el tratamiento diferenciado que creó para funcionarios que desempeñan exactamente las mismas funciones.
El Decreto 030 de 2026 mantuvo la prima especial para quienes ya estuvieran vinculados antes del 20 de julio de este año, pero eliminó ese beneficio para quienes ingresaran después de esa fecha.
Para el despacho, esa diferencia genera una dualidad difícil de justificar.
La providencia recuerda que el principio constitucional de 'a igual trabajo, igual salario' obliga a que quienes ocupan el mismo cargo, cumplen las mismas funciones y tienen las mismas responsabilidades reciban el mismo pago.
Pone en entredicho garantías institucionales para la independencia de la Rama Judicial y compromete la eficacia del mandato constitucional 'a igual trabajo, igual salario'.
La defensa del Gobierno
Durante el trámite de la medida cautelar, el Ministerio de Hacienda advirtió que suspender el decreto tendría efectos fiscales y presupuestales para el Estado y alteraría la planeación financiera del Gobierno.
Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública sostuvo que el Decreto 030 de 2026 no afectaba directamente los derechos de los funcionarios judiciales porque el Ejecutivo expidió otros decretos para regular su régimen salarial y estableció un régimen de transición que protegía las situaciones jurídicas consolidadas antes del 20 de julio de 2026.
Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que esos argumentos no desvirtuaban, al menos en esta etapa inicial del proceso, el riesgo de afectación sobre el sistema salarial especial de la Rama Judicial y de otros organismos cuyo régimen remuneratorio depende del de los congresistas. Por esa razón, decidió suspender provisionalmente el decreto mientras estudia de fondo la legalidad y constitucionalidad del decreto.