Un comunicado en medio de la violencia en el Bajo Cauca
En un inusual movimiento de relaciones públicas dentro del conflicto armado colombiano, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a través de su Bloque Roberto Vargas Gutiérrez, ha emitido un contundente comunicado fechado el 15 de marzo de 2026, rechazando y desvinculándose por completo del ataque perpetrado en el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre, Antioquia. El episodio, que ha conmocionado a la región del Bajo Cauca, resultó en el asesinato de los civiles Juan Gabriel Ortiz Hernández y James Mesa Reyes, y en el secuestro de dos menores de edad cuyas identidades se mantienen en reserva por razones de seguridad. La declaración, firmada desde las "Montañas de Colombia", busca trazar una línea clara entre las acciones del grupo disidente y lo que califica como hechos perpetrados por "personas que buscan extorsionar" utilizando su nombre, una práctica recurrente en zonas con presencia de múltiples actores armados y bandas criminales.
La posición oficial del EGC no solo condena los homicidios, sino que centra su foco en la situación de las dos niñas secuestradas. Con una precisión estratégica, el comunicado aclara de manera enfática que las menores "no pertenecen a nuestra organización", y aprovecha para reiterar un principio interno que, según afirman, es inquebrantable: la prohibición expresa en sus estatutos de reclutar o tener presencia de menores de edad en sus filas. Esta afirmación busca contrarrestar narrativas previas y reportes de organizaciones de derechos humanos que, históricamente, han señalado a diversos grupos armados, incluyendo disidencias, de utilizar niños y adolescentes. Más allá de la desvinculación, el bloque guerrillero exige a los captores "respetar su vida e integridad y proceder a su liberación inmediata", un llamado que, analistas señalan, puede funcionar tanto como una advertencia a grupos rivales como un intento de mejorar su imagen ante la comunidad internacional y local.
La sombra de la extorsión y la lucha por el control territorial
El tercer párrafo del comunicado trasciende el episodio específico y aborda el clima de terror económico que vive la población. El EGC hace un llamado directo a los habitantes del Bajo Cauca antioqueño a "no dejarse intimidar" por individuos que operan bajo su nombre para realizar extorsiones. Este punto revela una problemática profunda en la región: la existencia de redes criminales o facciones al margen de la ley que, aprovechando la marca y el temor que genera la principal estructura disidente, ejecutan "vacunas" o cobros ilegales a comerciantes, mineros y comunidades. Para el grupo armado, esta práctica no autorizada erosiona su autoridad, desdibuja su control sobre el territorio y genera un rechazo social que puede dificultar sus operaciones logísticas y de inteligencia, las cuales a menudo dependen de cierta tolerancia o cooperación de la base poblacional.
La emisión de este tipo de declaraciones por parte de un grupo ilegal opera en un complejo espectro de significados. Por un lado, expertos en seguridad ven en ello una táctica de gestión de la percepción y una forma de guerra psicológica dirigida tanto a la población como a grupos armados adversarios, como el Ejército Gaitanista de Colombia o otras disidencias. Al presentarse como una organización con estatutos y líneas rojas éticas (como la no vinculación de menores), el EGC intenta diferenciarse de la criminalidad común y reivindicar una identidad política, aunque el Estado colombiano los catalogue como grupo narcoterrorista. Por otro lado, el comunicado puede interpretarse como una respuesta a la presión ejercida por las fuerzas militares en la zona, que podrían utilizar este crimen para justificar operaciones de mayor envergadura contra el propio Gaitanista.
Las implicaciones en un escenario de diálogos fragmentados
El contexto temporal de la declaración, marzo de 2026, sitúa los hechos en un futuro hipotético donde los procesos de paz con diversas disidencias de las FARC han seguido caminos inciertos. La negativa pública del EGC a avalar ciertas atrocidades podría leerse, en un análisis prospectivo, como un posicionamiento frente a posibles mesas de negociación o como un gesto para ganar legitimidad ante sectores de la opinión pública que abogan por soluciones políticas al conflicto. Sin embargo, la brecha entre el discurso y la práctica operacional de estos grupos sigue siendo enorme. Organizaciones como la Defensoría del Pueblo y la ONU tendrían la labor de verificar en terreno la afirmación sobre la no vinculación de menores, una violación que ha sido endémica en el conflicto colombiano durante décadas.
En última instancia, el comunicado del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez deja al descubierto la frágil y violenta realidad del control territorial en el Bajo Cauca. Mientras un grupo armado se esfuerza por deslindar responsabilidades y dar un tono casi institucional a su mensaje, la población civil de Puerto López y alrededores sigue atrapada en el fuego cruzado de intereses económicos ligados al narcotráfico y la minería ilegal. La exigencia de liberación de las menores, aunque mediáticamente efectiva, no garantiza su seguridad y evidencia la ausencia crónica del Estado en sus funciones de protección, justicia y seguridad. El episodio subraya que, más allá de los comunicados, la solución requiere una presencia integral del Estado, desmantelamiento de las economías ilícitas y garantías reales para que las comunidades no sean rehenes de ningún actor armado, sea este quien firme la declaración o quien oculte su identidad tras su nombre.