Una rectificación en medio del conflicto informativo
En un comunicado de prensa inusual por su tono y canal de difusión, la estructura armada que opera en varias regiones de Colombia y que es conocida internacionalmente como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ha emitido un categórico desmentido. La organización niega cualquier participación en la tortura y asesinato del líder social y deportivo Wilmar Benítez, ocurrido en el Corregimiento de Margento. Este pronunciamiento surge como respuesta a una publicación del portal "NP noticias on line", que atribuyó el crimen al grupo. Más allá de la negativa específica, el comunicado subraya una postura estratégica: el rechazo al apodo de "Ejército Gaitanista de Colombia", una denominación que, según analistas, busca reducir su complejo entramado político-militar a una simple facción narcoparamilitar. Este gesto evidencia una preocupación por la narrativa pública y una intención de proyectar una imagen con raíces ideológicas, distanciándose de la criminalidad común.
La reacción del EGC no se limita a una mera negativa. El texto elabora un argumento de legitimidad social, afirmando que respeta el liderazgo social genuino por representar los intereses populares. Esta declaración, en el enrarecido contexto del conflicto colombiano, busca establecer una línea divisoria entre sus acciones y las que afectan el tejido comunitario. Expertos en seguridad señalan que este posicionamiento es parte de una guerra semántica y política, donde los grupos armados no estatales compiten por el control territorial tanto físico como simbólico. Al presentarse como protectores o, al menos, como no antagonistas de los líderes sociales, intentan ganar una cierta aquiescencia o neutralidad en las comunidades donde operan, un recurso vital para su sostenibilidad logística y de inteligencia.
La comunidad como testigo y el duelo interrumpido
El comunicado del EGC apela a un testimonio de tercera parte para fortalecer su descargo: asegura que la propia comunidad donde Benítez desarrollaba su labor ha dado fe de que la organización no está involucrada en su muerte. Este punto es crucial, pues traslada la autoridad de la versión desde la estructura armada hacia la población civil, intentando capitalizar una supuesta relación de confianza. Además, menciona el pronunciamiento de la familia del líder social, quienes habrían solicitado elaborar su duelo en paz, un llamado que el EGC utiliza para criticar implícitamente la cobertura sensacionalista o irresponsable. Esta capa del mensaje busca humanizar, de manera paradójica, a la organización, alineándose con el dolor legítimo de las víctimas y presentándose como respetuosa de los procesos comunitarios, en contraste con medios que, según su perspectiva, explotan la tragedia.
El ataque se centra luego específicamente en el portal acusado de difundir la noticia. El EGC califica la publicación como un "chisme de los más bajos" y señala que el medio se caracteriza por editar contenidos en su contra. Sin embargo, en un giro que mezcla la amenaza con una apariencia de civismo, afirma ser respetuoso de la libertad de información, comprometiéndose a rectificar los rumores sin fundamento. Esta dualidad es reveladora: por un lado, descalifica la fuente, y por el otro, se sitúa en un plano de diálogo público, como un actor político que ejerce su derecho a réplica. Para observadores del conflicto digital, esto refleja la sofisticación de los grupos armados en el manejo de la comunicación, utilizando tácticas propias de la gestión de crisis corporativa o política para contrarrestar narrativas adversas.
El compromiso de corrección frente a la desinformación sistemática
En su segmento final, el comunicado adopta una postura de largo plazo. El EGC anuncia que seguirá publicando las correcciones que sean necesarias, con el objetivo declarado de que las comunidades conozcan la realidad y se contrarreste la desinformación que, alega, busca desprestigiarlo. Este anuncio institucionaliza su actividad de contrainformación, planteándola no como una reacción esporádica, sino como una política comunicativa permanente. La afirmación de que "las comunidades lo saben y rinden testimonio de nuestra buena fe" cierra el círculo argumentativo, reafirmando una conexión con la base social que, de ser cierta, le otorgaría una forma de legitimidad operativa extremadamente valiosa en territorios con presencia estatal limitada.
Las implicaciones de este episodio trascienden el caso particular. Pone de manifiesto la intensa batalla por el relato en el conflicto colombiano, donde medios digitales de diversa índole, estructuras armadas, comunidades y el Estado compiten por definir la verdad de los hechos. La capacidad de un grupo como el EGC para emitir comunicados pulidos y con argumentos estratificados indica un nivel de profesionalización en su guerra psicológica y de influencia. Para las autoridades y la sociedad civil, el desafío es doble: investigar a fondo crímenes como el de Wilmar Benítez para asignar responsabilidades reales, y desarrollar mecanismos críticos para que la ciudadanía pueda navegar un ecosistema informativo donde la propaganda y la noticia se entrelazan de manera cada vez más compleja y peligrosa.