Uno de los procesos judiciales más delicados por los presuntos actos de violencia registrados en Bogotá entre 2024 y 2025 acaba de tomar un rumbo inesperado, pues la Fiscalía de Luz Adriana Camargo trasladó el expediente contra 11 presuntos integrantes del grupo PPP a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa, una decisión que suspendió la audiencia de acusación y abrió un fuerte debate sobre el cambio en el caso.
La determinación quedó consignada en una resolución del 16 de junio, firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y revelada por Noticias Caracol. Con el cambio de asignación, el proceso deja de estar en manos de la unidad que adelantaba la investigación bajo delitos como terrorismo para pasar a una dependencia especializada en asuntos relacionados con protesta social y justicia restaurativa.
Un expediente monumental: 4.000 horas de video y un agente encubierto
El expediente que sustentó las capturas fue construido durante meses de investigación. Según las autoridades, incluyó el análisis de más de 4.000 horas de videos, la interceptación de 50 líneas telefónicas, entrevistas a testigos y víctimas, declaraciones juradas, noticias criminales, extracción de información de redes sociales y la infiltración de un agente encubierto. Con ese material, las autoridades reconstruyeron el funcionamiento de la organización y los roles que, presuntamente, cumplía cada uno de sus integrantes.
Alias Salvatore, el líder de la organización
De acuerdo con los expedientes conocidos por EL TIEMPO, el señalado cabecilla era alias Salvatore, a quien las autoridades atribuyen la convocatoria y organización de actos violentos mediante publicaciones en Instagram. Según la investigación, en esas cuentas se difundían mensajes que incitaban al uso de armas, machetes, hachas y máscaras con contenido político, aunque para los investigadores el propósito era promover acciones violentas.
Durante los procedimientos, las autoridades encontraron elementos como capuchas, escudos y hachas que, según la investigación, coincidían con los exhibidos en esas publicaciones. Además, a alias Salvatore se le atribuye una presunta participación en diez hechos ocurridos entre 2024 y 2025, en los que fueron incendiados buses del SITP, vehículos institucionales y se causaron daños a la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio.
Los roles de los otros integrantes
- Alias Tolima: presunto encargado de suministrar explosivos para fabricar papas bomba y definir funciones durante los hechos violentos. En un allanamiento, según el expediente, fueron encontrados materiales explosivos en su residencia. Las autoridades sostienen que obtenía esos elementos en Medellín y los enviaba a Bogotá mediante encomiendas.
- Alias No Educado: señalado de suministrar gasolina y otros insumos para la fabricación de artefactos explosivos improvisados y de coordinar funciones entre los integrantes. Durante un allanamiento, de acuerdo con la investigación, le fueron hallados un arma y municiones.
- Alias Copete: atribución de convocar actos violentos a través de redes sociales y transportar insumos hacia universidades públicas para fabricar papas bomba y bombas molotov.
- Alias Chimol: señalado de fabricar papas bomba dentro de universidades públicas de Bogotá y de lanzarlas contra integrantes de la Fuerza Pública.
- Alias Topo: colaborar en esa fabricación y participar en el lanzamiento de esos artefactos.
- Alias 83: presunto fabricante de papas bomba y bombas molotov.
- Alias Chinche Sam: responsable de lanzar elementos explosivos e incendiarios contra el transporte público y la Fuerza Pública.
- Alias Garu: encargado de transportar insumos para fabricar explosivos improvisados. Sufrió graves lesiones en una mano el 11 de septiembre de 2025 mientras manipulaba material explosivo dentro de la Universidad Nacional.
- Alias Pri: apoyo logístico en la fabricación y organización de las acciones investigadas.
- Alias Slow: señalado de lanzar elementos peligrosos durante los hechos violentos y de apoyar la logística del grupo.
La reacción del alcalde de Bogotá
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió explicaciones a la Fiscalía al considerar que los hechos investigados exceden el ámbito de la protesta pacífica y que el expediente fue construido con interceptaciones, testimonios, agentes encubiertos y otras pruebas que, según la investigación, relacionan a los procesados con ataques contra la Fuerza Pública, el transporte público y la infraestructura de la capital.