Más municipios en alerta por violencia electoral
La Defensoría del Pueblo reveló un aumento en el número de municipios con altos niveles de riesgo electoral. Desde octubre de 2025, el total de municipios en alerta inmediata pasó de 62 a 69, mientras que los que requieren acción urgente crecieron de 162 a 168. Igualmente, los territorios en acción prioritaria aumentaron de 425 a 433.
Cauca, epicentro de la violencia política
El departamento del Cauca es el más afectado, con cinco municipios donde el riesgo se ha agravado: Puerto Tejada, Balboa, Jambaló, Padilla y Villa Rica. En total, 45 municipios modificaron su nivel de alerta debido a factores como amenazas armadas y debilidad institucional.
Amenazas y control de grupos armados condicionan elecciones
El informe registra 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que grupos armados como el 'Ejército Gaitanista de Colombia' consolidan un control social y electoral en regiones como Córdoba y Antioquia, imponiendo restricciones a la movilidad y campañas políticas.
“La preocupación central no es la realización de la jornada electoral, sino la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país.” – Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo
Estado limita su respuesta a acciones ordinarias
La Defensoría advierte que las acciones estatales frente a las recomendaciones emitidas han sido insuficientes. El cumplimiento en prevención y protección alcanza solo el 52%, mientras que la articulación interinstitucional apenas llega al 29%. Esto limita la capacidad para garantizar elecciones libres y seguras.
¿Cómo afectarán estas dinámicas la participación política?
El informe destaca que candidatos y candidatas enfrentan homicidios selectivos, amenazas sistemáticas y estigmatización. Las mujeres y periodistas también enfrentan riesgos específicos que dificultan su participación y cobertura electoral. Además, la falta de recursos oportunos para campañas en circunscripciones especiales puede afectar la representación de víctimas.
Con las elecciones legislativas y consultas previstas para el 8 de marzo, la preocupación se centra en garantizar que la democracia no se limite a un proceso formal, sino que permita una participación libre y segura para todas las comunidades.