La discusión internacional sobre El Salvador se enfrenta a una falsa dicotomía: apoyar la seguridad o apoyar a las pandillas. Sin embargo, el verdadero interrogante es si las políticas aplicadas durante el régimen de excepción han respetado los límites del derecho internacional.
El devastador impacto de las pandillas en El Salvador no puede ser ignorado. Desde 2002, se ha evidenciado el control territorial y violencia que estas ejercen, legitimando la obligación estatal de combatirlas. Pero la discusión debe centrarse en evaluar si este combate se ha realizado respetando el debido proceso y los derechos humanos.
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentó un informe que analiza si ciertas acciones estatales durante el régimen de excepción constituyen crímenes de lesa humanidad según el derecho penal internacional.
- Más de 89,000 detenciones durante el régimen de excepción, muchas sin garantías básicas.
- Alrededor de 8,000 detenciones reconocidas por el presidente como injustificadas.
- 403 muertes bajo custodia estatal, incluyendo cuatro niños, hasta agosto de 2025.
- 540 desapariciones forzadas registradas hasta febrero de 2025.
El informe también señala ataques sistemáticos contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y críticos, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad cuando forman parte de un ataque generalizado contra la población civil.
Estas conclusiones plantean la necesidad de un examen riguroso y jurídico de las políticas de seguridad aplicadas, evitando reducir el debate a caricaturas que simplifican la compleja realidad salvadoreña.
“El derecho internacional no prohíbe combatir organizaciones criminales violentas; lo que prohíbe es hacerlo mediante prácticas como detenciones arbitrarias masivas, tortura, desapariciones forzadas o muertes bajo custodia estatal cuando estas se convierten en parte de una política sistemática.”
El informe recomienda la creación de una comisión independiente de revisión de causas judiciales, con apoyo internacional, para garantizar el debido proceso y la liberación de personas detenidas sin fundamento, fortaleciendo así el Estado de derecho en El Salvador.
Este llamado a la transparencia y justicia plantea un debate inevitable y necesario para la comunidad internacional y el propio país, que debe centrarse en la responsabilidad y respeto a los derechos humanos más allá de apoyos o críticas simplistas.