En un acto institucional celebrado en el histórico Palacio de la Proclamación, el Tribunal Administrativo de Bolívar consolidó su nueva composición con la posesión oficial de tres nuevos magistrados. El evento, presidido por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, marca una etapa de renovación para la jurisdicción contencioso-administrativa del departamento.
Los nuevos integrantes de la corporación, José Luis Otero Hernández, Carlos Alberto Muñoz Aguirre y Juan Antonio Spirko Payares, fueron seleccionados tras superar un riguroso proceso de méritos, garantizando que su llegada a la magistratura responda a una destacada trayectoria académica y profesional en el ámbito público y judicial.
Perfiles de alto nivel para la justicia bolivarense
- José Luis Otero Hernández: Oriundo de San Marcos, Sucre, y abogado por la Universidad de Cartagena. Cuenta con especializaciones en derecho administrativo, constitucional y seguridad social, además de una maestría en Derecho Administrativo. Actualmente, cursa estudios doctorales en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Su experiencia previa incluye su labor como juez décimo administrativo del Circuito de Cartagena y su rol como docente.
- Carlos Alberto Muñoz Aguirre: Profesional con doble formación en derecho y contaduría pública por la Universidad de Cartagena. Su perfil académico incluye especializaciones en derecho laboral y seguridad social, contencioso administrativo y derecho médico, sumado a una maestría en Derecho Administrativo. Su carrera judicial lo destaca por su experiencia previa como juez administrativo del Circuito de Cartagena y su trayectoria en la docencia universitaria.
- Juan Antonio Spirko Payares: Abogado barranquillero egresado de la Universidad Simón Bolívar. Posee especializaciones en derecho procesal y constitucional, junto con una maestría en Derecho Administrativo. Antes de su nombramiento como magistrado, se desempeñaba como procurador 118 judicial II administrativo y ha ejercido como docente en áreas como contratación estatal y derecho disciplinario.
La incorporación de estos tres juristas busca fortalecer la capacidad operativa y la especialización técnica del Tribunal, en un contexto de creciente demanda de justicia administrativa en la región.