Un operativo sin precedentes en el sector infraestructura del país ha encendido las alarmas tras la denuncia de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sobre intentos de Emilio Tapia y sus estructuras de volver a contratar con el Estado. A pesar de las sanciones y procesos judiciales en su contra, estas organizaciones estarían utilizando consorcios para participar en licitaciones públicas.
El impacto en la comunidad de la licitación La Llanada–Sotomayor
Durante la licitación del proyecto vial La Llanada–Sotomayor, el equipo jurídico del Instituto Nacional de Vías detectó que el consorcio 'Caminos Estratégicos' incluía una empresa vinculada a Tapia, la cual está inhabilitada por su relación con el escándalo de Centros Poblados y se encuentra en proceso de liquidación judicial. Esta situación generó la suspensión inmediata de la audiencia de adjudicación.
“Si fuera la que directamente se presentara, la ley no lo dejaría, pero como no es directamente, sino consorciada, la ley lo deja”, explicó la ministra María Fernanda Rojas sobre los vacíos normativos que permiten esta práctica.
El problema radica en que la normativa vigente impide la participación directa de empresas sancionadas, pero no bloquea su ingreso a través de consorcios, lo que ha sido aprovechado para intentar acceder a contratos públicos sin cumplir con las autorizaciones legales necesarias.
Llamado a reforzar controles y revisar normativas
La ministra alertó que esta no sería una situación aislada, ya que estructuras relacionadas con Tapia están intentando participar en al menos cuatro licitaciones más y que esta modalidad podría replicarse en otras entidades estatales. Por ello, el Ministerio de Transporte ha emitido una alerta formal para extremar la vigilancia en los procesos de contratación.
El Gobierno Nacional considera que este caso evidencia la necesidad de fortalecer el marco legal para evitar que empresas con antecedentes de corrupción utilicen asociaciones para evadir sanciones y continuar accediendo a recursos públicos destinados a la infraestructura vial.
Este llamado busca garantizar la transparencia y la correcta ejecución de obras públicas, protegiendo los recursos del Estado y la confianza ciudadana en los procesos de contratación.