Cada año, miles de vehículos en Colombia terminan inmovilizados por infracciones como no portar Soat, circular en pico y placa o mal estacionarse. La consecuencia: multas, grúas y patios que representan un golpe al bolsillo de los ciudadanos. Solo en Bogotá, el año pasado se registraron unas 25.000 inmovilizaciones, y en el país hay cerca de 30 causales que pueden llevar a esta medida.
Un cambio de lógica: la inmovilización inteligente
El representante a la Cámara Daniel Briceño radicó un proyecto de ley que propone la 'inmovilización inteligente'. La idea es que las autoridades de tránsito no recurran automáticamente a la grúa y al patio, sino que evalúen la gravedad de la infracción y las condiciones del lugar. Así, para casos menores como un mal parqueo que no obstruya la vía, se podría usar el cepo o dejar el vehículo bajo custodia del propietario en su vivienda, sin costos de grúa ni patio.
¿Qué pasa con las infracciones graves?
El proyecto reserva los patios únicamente para situaciones realmente graves: conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, no tener Soat, o que el vehículo esté reportado como hurtado. En esos casos, la inmovilización seguirá siendo obligatoria. Para el resto, se aplicarán sanciones proporcionales, como comparendos o restricción temporal de uso.
El problema de fondo: un negocio que castiga al ciudadano
Briceño señala que el modelo actual beneficia principalmente a los operadores privados de grúas y patios. En Bogotá, por ejemplo, el concesionario se queda con el 82,3% de lo recaudado, mientras la ciudad recibe apenas el 17,7%. Además, hay más de 104.000 vehículos en patios o en abandono en Bogotá y Medellín, lo que genera 'cementerios de carros' y un impacto ambiental negativo.
El Estado no puede tratar al ciudadano responsable como una fuente permanente de recaudo. Las normas de tránsito deben proteger la seguridad vial y los derechos de los ciudadanos, no garantizar la rentabilidad de un concesionario privado.
¿Qué pasará con los operadores de grúas y patios?
El proyecto establece que los operadores privados no podrán recibir más del 20% del recaudo, se prohíben las prórrogas automáticas de contratos y se exige transparencia: los organismos de tránsito deberán publicar semestralmente cuánto recaudan, cuánto recibe el contratista y cuántos vehículos terminan abandonados. Además, se fija una meta de reducción del 25% en los costos de operación en tres años.
¿Corre riesgo de hundirse?
Briceño reconoce que cualquier proyecto que toque intereses económicos puede enfrentar resistencia en el Congreso. Sin embargo, destaca que su iniciativa no crea nuevas cargas para los conductores, a diferencia del proyecto de licencias por puntos que se cayó. 'El debate será decidir si la inmovilización existe para garantizar la seguridad vial o para sostener un negocio privado', afirmó.
El impacto en la comunidad
De aprobarse, la ley beneficiaría a millones de conductores que hoy ven cómo sus vehículos se deterioran en patios mientras acumulan deudas. También descongestionaría los patios y liberaría recursos públicos para invertir en seguridad vial y tecnología. La iniciativa ya cuenta con el respaldo de la Procuraduría, que ha instado a revisar la aplicación de la Ley 1730 de 2014.