Las estaciones de servicio en el municipio de Tibú, Catatumbo, suspendieron la venta de combustibles a partir del 29 de abril, tras recibir amenazas y extorsiones por parte de grupos armados ilegales. Esta medida afecta la disponibilidad de combustible, poniendo en riesgo la economía y movilidad de la localidad.
Según Somos Uno, la unidad gremial que integra a Fendipetróleo Nacional y Comce Colombia, cada empresa operadora en la zona debe pagar entre 7 y 10 millones de pesos cada tres meses como cuota de extorsión. Esta presión ha generado un ambiente crítico para el sector.
Además del Catatumbo, regiones como Cauca, Nariño, Norte de Santander, Cesar y Valle del Cauca también reportan ataques y amenazas contra estaciones de servicio, evidenciando un patrón de violencia que afecta la seguridad y la economía local.
La suspensión en Tibú refleja el impacto directo que la violencia y la extorsión ejercen sobre servicios esenciales, generando incertidumbre y desabastecimiento en la región.