La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio un plazo de 10 días al Gobierno colombiano para responder un cuestionario que remitió dentro del trámite de una solicitud de medidas cautelares elevada por el abogado de los dos funcionarios del CTI de la Fiscalía secuestrados por el Eln el 8 de mayo de 2025, en Arauca.
Según la solicitud presentada, a la fecha han transcurrido más de 400 días de privación arbitraria de la libertad de los agentes sin que, a juicio del apoderado de las víctimas, el Estado colombiano haya implementado acciones eficaces para proteger sus derechos humanos. Esto, luego de que la guerrilla difundiera un video de un mal llamado 'juicio revolucionario', en el que los sentenció a más de cinco años de secuestro.
La petición del abogado: medidas urgentes para salvar vidas
En la petición radicada ante la CIDH, el penalista solicitó que el Estado colombiano adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de los dos funcionarios del CTI. En concreto, pidió que se desplieguen 'de forma inmediata, diligente y exhaustiva' todas las acciones estatales para establecer su paradero, lograr su liberación y evitar que se materialice la 'condena' que les impuso de manera arbitraria el Eln, en un acto propio de un 'paraestado'.
También solicitó que se adelanten gestiones humanitarias e institucionales urgentes para garantizar que, mientras permanecen secuestrados, ambos reciban los medicamentos y la atención médica que requieren para tratar sus enfermedades, entre ellas una afección cardíaca, hipertensión arterial y cálculos biliares.
La solicitud también pide que las medidas sean concertadas con los familiares de los funcionarios, garantizando una comunicación permanente y transparente sobre las labores de búsqueda, las gestiones humanitarias y cualquier negociación que se adelante para obtener su liberación.
El plazo de la CIDH: cuatro puntos clave que debe responder el Gobierno
EL TIEMPO conoció la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fechada el 13 de julio de 2026, mediante la cual informó que trasladó la solicitud de medidas cautelares al Estado colombiano. En la comunicación, la CIDH le dio al Gobierno un plazo de 10 días, contados a partir de la transmisión de la comunicación, para remitir información sobre cuatro aspectos:
- Sus observaciones frente a la solicitud de medidas cautelares.
- Las medidas y diligencias que se están adoptando para ubicar a los funcionarios secuestrados, así como los soportes documentales que acrediten esas actuaciones.
- Los avances o resultados de las investigaciones relacionadas con la privación de la libertad de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, además de cualquier actuación adelantada para su localización y liberación, junto con la documentación correspondiente.
- Cualquier otra información pertinente en los términos del artículo 25 del Reglamento de la CIDH.
Con la respuesta del Estado y los demás elementos de juicio que recopile durante el trámite, la Comisión deberá decidir si concede o no las medidas cautelares solicitadas en favor de los dos funcionarios del CTI secuestrados por el Eln.