Un operativo de diez horas en La Calera
Alrededor de diez horas duró el allanamiento a la casa de la representante del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, ordenado por la Corte Suprema de Justicia dentro de la indagación que adelanta en su contra por el delito de prevaricato, tras ser la presunta autora de un auto que pedía suspender al presidente Gustavo Petro.
La diligencia se llevó a cabo el pasado jueves 16 de julio, cuando hombres de la Dijín ingresaron a la residencia de la congresista, ubicada en un prestigioso conjunto residencial de La Calera, e inspeccionaron sus pertenencias y dispositivos electrónicos. Llegaron sobre las 6:00 de la tarde y terminaron hacia las 3:00 a. m. del día siguiente.
Los hallazgos que llamaron la atención
EL TIEMPO conoció que los investigadores se llevaron los computadores y las agendas de Arizabaleta, suspendida por la Procuraduría de sus funciones en la Comisión de Acusaciones, el órgano encargado de investigar y acusar al Presidente de la República.
Asimismo, llamó la atención que encontraron 'varias armas y municiones', todas con salvoconducto. Según fuentes cercanas a la congresista, se trató de dos pistolas y sus respectivos cartuchos. Sin embargo, este hallazgo hizo eco tanto en la Sala de Instrucción como entre los uniformados de policía judicial que adelantaron la diligencia. También habrían encontrado dinero en efectivo.
El origen de la investigación
La congresista fue denunciada penalmente por el exministro Luis Felipe Henao, tras radicar ante la Comisión de Acusaciones un auto de trámite que ordenaba apartar del cargo al Presidente hasta la segunda vuelta presidencial por su presunta participación en política.
Esa actuación habría sido contraria a la ley, pues un auto de trámite no puede contener una medida cautelar de esa naturaleza contra el primer mandatario.
La reacción de Petro y el trasfondo del caso
Petro calificó la orden de la congresista como un supuesto chantaje, razón por la cual el magistrado Rodríguez también solicitó como prueba una declaración juramentada del jefe de Estado para que ampliara y sustentara ese señalamiento.
Les voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones que las hagan evidentes. Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero cuando lo vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de un delito de extorsión, ya no está ejerciendo su derecho de representación, sino actuando como una criminal, cometiendo un delito de extorsión, porque ha pedido cosas que yo no he querido conceder, a pesar de que hace parte de mi partido.