Una salida que no fue casual
La brigadier general Sandra Patricia Pinzón Camargo, quien durante dos años dirigió la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), fue notificada el pasado miércoles de su retiro de la Policía Nacional mediante el Decreto 0722 de 2026. Su salida se da en medio de una purga de más de 80 generales y almirantes en el actual Gobierno, y según documentos conocidos por EL TIEMPO, estaría motivada por sus reiterados reparos a la implementación de la política de 'paz total'.
Las objeciones que marcaron su gestión
Desde junio de 2024, cuando asumió la dirección de la Unipep, la general Pinzón comenzó a diferir con delegados gubernamentales encargados de las negociaciones con grupos armados. Su principal exigencia: que toda actuación policial tuviera un soporte jurídico suficiente para evitar responsabilidades posteriores.
- Se opuso a que la Policía acompañara caravanas con integrantes de grupos armados sin respaldo legal, como ocurrió en la 'caravana de la UNP' en Antioquia (julio de 2024).
- Rechazó el traslado y reclusión del cabecilla de los Comandos de Frontera, Geovany Andrés Rojas (alias Araña), en instalaciones de la Policía tras su captura en febrero de 2025.
- Advirtió que las Zonas de Ubicación Temporal en el Catatumbo respondían a intereses estratégicos del Frente 33, y que la Fuerza Pública podría favorecer a esa organización.
- Cuestionó la participación de bandas delincuenciales en actos públicos como el 'tarimazo' en Medellín, buscando evitar que la Policía respaldara escenarios que correspondían al Gobierno.
- Exigió protocolos jurídicos para la recepción o entrega de armamento en procesos con grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada ('los Pachenca').
El episodio de Tumaco que elevó la tensión
Durante las negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en Nariño, la general rechazó que los uniformados prestaran seguridad vestidos de civil y sin fusiles, como lo exigía el grupo armado. Sostuvo que los dispositivos de seguridad debían definirse con criterios técnicos y operacionales propios de la Policía, no por exigencias de organizaciones ilegales. Esa postura generó llamados de atención internos y presiones para modificar el esquema.
Alertas sobre el 'desorden' en los diálogos
En sus informes, la oficial advirtió un 'creciente desorden' en el desarrollo de los diálogos, señalando que delegados de grupos armados beneficiados con excarcelaciones para asistir a las negociaciones habrían regresado a actividades criminales. Citó los casos de 'Ángela Izquierdo' y 'Óscar Barreto', quienes tras salir de prisión e integrar la Mesa de Diálogos con el Estado Mayor Central, abandonaron las conversaciones y conformaron una nueva estructura criminal.
La general insistía en que cada actuación debía tener respaldo legal. Se convirtió en un obstáculo para algunas decisiones impulsadas por los delegados gubernamentales, debido a su insistencia en dejar constancia escrita de los riesgos legales que enfrentaban los funcionarios.
EL TIEMPO consultó a la Policía Nacional para conocer su posición oficial, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.