La próxima elección del Contralor General de la República se posiciona como uno de los primeros desafíos del nuevo Congreso. Un total de 225 inscritos, entre ellos exministros, excongresistas, un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y el actual vicecontralor, conforman un amplio sonajero de aspirantes.
En la elección anterior, Carlos Hernán Rodríguez ganó con una votación contundente, resultado que reflejó una aparente alianza entre las fuerzas políticas del Legislativo frente al gobierno de Gustavo Petro, alianza que se deshizo meses después.
Figuras destacadas en la contienda
Carlos Mario Zuluaga, actual vicecontralor, figura como uno de los principales candidatos y ya realiza labores de lobby para obtener el cargo. Dos exministros del gobierno de Iván Duque también hacen parte del listado: Gustavo García, exviceministro del Interior y exaspirante al Senado, y Rodolfo Zea, exministro de Agricultura con amplia experiencia en entidades financieras del sector rural y cercano al Partido Conservador.
Entre otros aspirantes se encuentra Andrés Castro Franco, personero de Bogotá y con una trayectoria en organismos de control, y Ana Elena Monsalve, reconocida por su perfil técnico en cargos estatales y de control. Además, están Guillermo Salazar, excontralor departamental de Risaralda, Claudia Cardona, excontralora del Quindío, y Ligia Stella Chávez, exdirectora regional del Fondo Nacional del Ahorro y excontralora del Valle del Cauca.
En el grupo de candidatos con un perfil más político se encuentran José Nelson Polanía, exmagistrado del CNE con respaldo de Cambio Radical, y Alí Bantú Ashanti, exintegrante del movimiento Soy Porque Somos y cercano a la vicepresidenta Francia Márquez.
Un operativo sin precedentes para medir fuerzas políticas
La elección del Contralor General se presenta como una prueba clave para medir el equilibrio de poder en el nuevo Congreso y la relación con el gobierno nacional. El proceso promete ser una contienda intensa entre técnicos con experiencia en control fiscal y políticos con capacidad de incidencia legislativa.