Justicia

Fallo judicial obliga a María Fernanda Cabal a rectificar declaraciones sobre la Unión Patriótica

Un juzgado de Bogotá ordenó a la senadora María Fernanda Cabal rectificar sus declaraciones que vinculan a la Unión Patriótica con las Farc, al considerar que estas afectan derechos fundamentales relacionados con la verdad y la memoria histórica.

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Foto: La voz del país

Un fallo de tutela emitido por el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá ordenó a la senadora María Fernanda Cabal rectificar públicamente declaraciones sobre el exterminio de la Unión Patriótica. La decisión se tomó tras una solicitud de la Defensoría del Pueblo en representación de víctimas vinculadas a la Corporación Reiniciar.

La controversia se originó a partir de una entrevista realizada el 29 de octubre de 2025 al medio digital La Silla Vacía, en la que la congresista afirmó que “La Unión Patriótica fue el brazo político de las Farc” y que “los primeros asesinos de la Unión Patriótica fueron las mismas Farc y el Eln”.

La Defensoría del Pueblo argumentó que estas afirmaciones desconocen la verdad judicial sobre los hechos y afectan derechos fundamentales relacionados con la verdad, la memoria, la justicia y la reparación integral de las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica.

En respuesta, la senadora Cabal sostuvo que sus declaraciones eran interpretaciones políticas dentro del debate público y no susceptibles de rectificación, defendiendo su derecho a la libertad de expresión y al ejercicio democrático.

El juzgado, sin embargo, destacó la diferencia entre libertad de información y libertad de opinión, concluyendo que las expresiones de la senadora no eran meras opiniones sino imputaciones de hechos sin soporte probatorio, lo que afecta la reputación de las víctimas y perpetúa estigmatizaciones.

Además, se resaltó que, como funcionaria pública con incidencia nacional, Cabal tiene deberes reforzados de responsabilidad y veracidad en sus declaraciones, especialmente cuando estas pueden influir en la percepción social sobre colectivos vulnerables.

Por estas razones, la autoridad judicial ordenó a la senadora rectificar la información por el mismo medio y con similar alcance en un plazo de cinco días hábiles tras la notificación del fallo, además de ofrecer una disculpa pública en redes sociales reconociendo la inexactitud de sus afirmaciones.

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