La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra la magistrada Judith Inmaculada Romero, el exmagistrado Luis Carlos Martelo Maldonado y el exprocurador Simón Miguel Ackerman Sánchez, quienes habrían participado en la aprobación irregular de un acuerdo conciliatorio que permitió la enajenación directa de dos predios estatales denominados Cuba y Casablanca.
Estos terrenos, ubicados en la vía entre Barranquilla y Puerto Colombia, fueron vendidos por un valor muy inferior a su precio real, pasando de cerca de 36.000 millones de pesos a tan solo 3.500 millones, lo que habría generado un detrimento patrimonial en beneficio de particulares.
“Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de que el entonces procurador, la magistrada y el exmagistrado tendrían conocimiento de las limitaciones que recaían sobre los bienes, pero aun así facilitaron la venta”, afirmó el ente acusador.
El juicio contra los implicados se llevará a cabo en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde se evaluarán las pruebas y responsabilidades en este caso que afecta los recursos públicos.