La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 18 bienes que conformaron el conocido Parqueadero Padilla, que en la década de los 90 fue un enclave del paramilitarismo en Antioquia.
La decisión se dio a conocer este jueves 23 de julio, e incluye medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder adquisitivo de las propiedades ubicadas en Medellín. Las medidas cautelares las impuso un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. Con el visto bueno de la magistratura, agentes del CTI y del Gaula Militar se movilizaron hasta los bienes avaluados en 18.000 millones de pesos para los respectivos procedimientos.
Un allanamiento que destapó la red paramilitar
El Parqueadero Padilla es uno de los episodios más importantes en la historia del paramilitarismo en Colombia. De acuerdo con investigaciones de la justicia y periodísticas, allí funcionó un centro de contabilidad en el que en el año 1998, en un allanamiento, se encontraron a varias personas destrozando dispositivos que contenían datos clave sobre las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y la 'casa Castaño'.
Durante la diligencia fueron hallados documentos, registros contables y equipos informáticos que evidenciaron la existencia de un centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Asimismo, se determinó que ese centro financiero y logístico habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil.
Precisamente, la Fiscalía añadió este jueves que los predios con medidas cautelares fueron en los que el 30 de abril de 1998 se ejecutó el allanamiento en el que, además, se puso al descubierto que aparentemente servían como centros de fabricación de uniformes para paramilitares.