Una nueva inasistencia que acelera el proceso judicial
Ante la nueva falta de comparecencia de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, a la audiencia de imputación programada en su contra, la Fiscalía General de la Nación solicitó su declaración como persona ausente. La diligencia se llevó a cabo un día después de conocerse la masacre que habría dejado 50 muertos en enfrentamientos entre disidencias en Guaviare, a menos de tres días de las elecciones.
La petición fue presentada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, tras agotar todos los mecanismos para ubicar al capo y lograr su comparecencia. La juez 104 de control de garantías ambulante de Villavicencio accedió a la solicitud, y en los próximos cinco días se emitirá un edicto para garantizar la notificación pública del indiciado.
Esto quiere decir que el ciudadano fue imposible ubicar en las audiencias y el proceso continúa. Esto no es otra cosa que los vinculados como negociadores en la 'paz total' siguen delinquiendo y es un contrasentido que 'Calarcá' tenga este rol mientras está siendo imputado por estos crímenes.
Los delitos que enfrenta y el rol en la 'paz total'
Una vez cumplido el término del edicto, la Fiscalía podrá imputar a alias Calarcá los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida y homicidio agravado, entre otros. El abogado Julián Quintana, exdirector del CTI, señaló que esta medida no implica su salida automática de la mesa de negociación, ya que esa decisión recae en el presidente Gustavo Petro, quien mantiene suspendida la orden de captura contra el disidente.
Sin embargo, sí aumenta enormemente la presión institucional para revisar los beneficios jurídicos que hoy mantiene, como la suspensión de órdenes de captura y su rol como negociador. Lo que viene ahora es la formalización de la imputación, eventuales solicitudes de medidas judiciales, fortalecimiento probatorio por parte de la Fiscalía y posteriormente una posible acusación formal ante jueces de la República.
El impacto en la crisis de orden público en Guaviare
De acuerdo con autoridades locales, producto de las hostilidades entre las disidencias de 'Mordisco' y 'Calarcá', 10 familias —compuestas por alrededor de 50 personas— huyeron desplazadas de sus territorios. Entre ellas, miembros de la comunidad indígena Jiw desplazados de Mapiripán, Meta. Este hecho representa un nuevo escalamiento de la crisis de orden público en una región sumida en la disputa territorial entre ambas facciones. En enero pasado, la guerra dejó un saldo de 26 disidentes de 'Mordisco' asesinados, según Inteligencia, por hombres de 'Calarcá' en la vereda La Paz, en el municipio de El Retorno, la gran mayoría con tiros de gracia.