Desde el 14 de febrero, más de 100.000 funcionarios esenciales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos trabajan sin recibir salario debido a un bloqueo presupuestario parcial. La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar una ley que limite las actuaciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene paralizados los fondos de la agencia.
El cierre fiscal afecta a empleados de servicios secretos, seguridad aérea, emergencias y la Guardia Nacional, entre otros. Más de la mitad de los 270.000 trabajadores del DHS han sido declarados no esenciales y enviados a sus casas sin sueldo, mientras que los considerados imprescindibles deben trabajar sin pago conforme se agotan los fondos de reserva.
El impacto en la comunidad es visible: los principales aeropuertos del país presentan largas filas y retrasos por falta de personal. En algunos aeropuertos grandes, hasta un 30% de los agentes de seguridad no se presentaron a trabajar, la tasa más alta desde que comenzó el bloqueo.
“Si esto continúa, podríamos tener que cerrar literalmente aeropuertos, sobre todo los más pequeños”, advirtió Adam Stahl, administrador adjunto interino de la Agencia de Seguridad en el Transporte.
Los empleados federales enfrentan dificultades económicas severas tras más de un mes sin cobrar. Muchos se han dado de baja para buscar ingresos alternativos, mientras sindicatos federales advierten que estos trabajadores esenciales temen no poder cubrir gastos básicos como hipotecas y alimentación.
El conflicto se origina en la negativa de demócratas y republicanos a ceder en la reforma migratoria que impondría límites y controles al ICE. Los demócratas exigen medidas para evitar abusos y mayor transparencia, mientras que los republicanos han presentado una propuesta que incluye el uso ampliado de cámaras corporales y supervisión del Congreso.
El nombramiento de Markwayne Mullin, exluchador de artes marciales mixtas, al frente del DHS, ha generado controversia debido a la agresiva política migratoria impulsada por la administración anterior y la gestión cuestionada de su predecesora.
La Casa Blanca y los demócratas intercambian propuestas sin avances significativos, mientras la administración Trump responsabiliza a los demócratas por prolongar el cierre y afectar a los trabajadores y ciudadanos.
El cierre del departamento se produce en un momento crítico de elevadas amenazas internas y conflictos internacionales, lo que aumenta la preocupación por la seguridad nacional y la operatividad de los servicios públicos.
Las grandes aerolíneas estadounidenses han urgido al Congreso a encontrar un acuerdo que permita financiar el DHS y garantizar el funcionamiento adecuado de los aeropuertos, especialmente ante el aumento del tráfico por las vacaciones de Semana Santa.