Durante la última semana, el juicio contra Lina Marcela Castillo, quien denunció hace ocho años a Hollman Morris por presunto acoso sexual y laboral, tomó un giro inesperado. Castillo enfrenta cargos por injuria y calumnia, mientras que Morris figura como denunciante. Sin embargo, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, intervino para proteger los derechos de la denunciante y garantizar un enfoque de género en el proceso.
Un operativo sin precedentes en la Fiscalía
El 23 de marzo de 2026, la fiscal Camargo ordenó que el caso deje de estar bajo la Fiscalía Seccional de Bogotá y pase a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Esta nueva dependencia abordará el expediente desde la perspectiva de violencias basadas en género, asegurando una investigación más rigurosa y sensible a las dinámicas de poder y victimización.
El expediente se origina en la denuncia pública de Castillo en enero de 2019, cuando relató episodios de acoso sexual por parte de Morris, quien en respuesta presentó una denuncia por difamación. En marzo de 2023, la Fiscalía llamó a juicio a Castillo, lo que generó indignación en el gremio periodístico y movilizó a cientos de mujeres a exigir una revisión del caso.
“La jurisprudencia ha señalado que, cuando el agresor denuncia a la víctima por injuria o calumnia, la Fiscalía debe evaluar la conducta con enfoque de género para evitar un efecto silenciador en las víctimas”, explicó la fiscal general Luz Adriana Camargo.
La fiscal también destacó que en casos de violencia contra mujeres, especialmente en contextos de asimetría de poder y jerarquía laboral, se deben aplicar estándares investigativos de debida diligencia y mayor rigor analítico para visibilizar las victimizaciones. Además, enfatizó que la investigación previa sólo se centró en la denuncia de Morris, sin abordar adecuadamente la denuncia de acoso laboral y sexual presentada por Castillo.
El impacto en la comunidad y el gremio periodístico
El caso ha generado gran indignación en el gremio de periodistas y activistas, que han exigido una valoración justa y con enfoque de género del expediente. El cambio en la fiscalía y el respaldo explícito al derecho a denunciar representan un avance en la lucha contra las violencias basadas en género y la protección de las víctimas en Colombia.