Al borde del cierre de servicios médicos y una creciente crisis financiera que tiene agonizando y al borde del colapso la red de salud del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro interpuso una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el firme propósito de garantizar el derecho colectivo a la salud de los habitantes del departamento.
Según explica la mandataria, la medida judicial responde a la crisis humanitaria derivada del impago de recursos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno Nacional a las redes hospitalarias públicas y privadas.
Detalla que esta situación financiera ha provocado hasta la fecha el cierre de 2.000 servicios médicos, la pérdida de 2.400 puestos de trabajo y un colapso generalizado por sobreocupación en la atención hospitalaria y en el suministro de medicamentos en la región.
Durante meses hemos insistido, hemos hecho seguimiento y hemos buscado soluciones, pero la realidad que viven miles de familias nos obliga a actuar. Esta no es una pelea política. Es una defensa de la vida, de la dignidad de los pacientes y de los recursos públicos que deben llegar a donde más se necesitan: a la atención de la gente.
Impacto financiero en la red hospitalaria
La falta de oportunidad en el flujo de capital y la insuficiencia en los giros mensuales de las EPS bajo intervención estatal mantienen en riesgo la continuidad de los tratamientos médicos. De acuerdo con el reporte oficial de la Gobernación del Valle del Cauca, la cartera adeudada por estas entidades a las instituciones de salud públicas y privadas del departamento supera los 7 billones de pesos.
Ante este panorama financiero, la red pública del departamento advirtió sobre la posibilidad inminente de suspender la atención programada para los usuarios afiliados a aseguradoras intervenidas como Emssanar, Coosalud y Asmet Salud. Para la gobernadora Toro Torres, la crisis se manifiesta formalmente en barreras de acceso para los pacientes, retrasos en la asignación de citas con especialistas y desabastecimiento en los puntos de entrega de fármacos esenciales.