Orden judicial exigía reintegro de trabajadora a notaría municipal
El 19 de diciembre de 2025, el Juzgado Segundo de Familia de Los Patios ordenó al gobernador de Norte de Santander reintegrar a Cruz Belén Lizarazo Peñaranda a una vacante disponible en la notaría del municipio, siempre que cumpliera con los requisitos del cargo. En caso contrario, debía emitirse un acto administrativo motivado para su retiro, garantizando sus cotizaciones para pensión y salud.
Gobernación argumentó imposibilidad y cuestionó condición laboral de la trabajadora
Tras la denuncia de Lizarazo el 13 de enero de 2026 por incumplimiento, la Gobernación respondió que los notarios no son empleados públicos y que no estaba obligada a realizar pagos ni reubicaciones. Alegó jurisprudencia y limitaciones presupuestales para justificar la falta de cumplimiento.
Juzgado abre incidente de desacato y sanciona al gobernador
El 29 de enero, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villa del Rosario inició un incidente de desacato ante la falta de cumplimiento. La jueza Malbis Leonor Ramírez Sarmiento determinó que no hubo acciones concretas para acatar la tutela y ordenó tres días de arresto para William Villamizar, además de una multa equivalente a tres salarios mínimos legales vigentes.
La defensa del gobernador no evidenció acciones concretas para cumplir la tutela, por lo que se impone la sanción correspondiente.
¿Cómo afectará este fallo la relación entre funcionarios públicos y decisiones judiciales?
Este caso sienta un precedente sobre la obligación de los funcionarios públicos para acatar sentencias judiciales sin argumentos que justifiquen el incumplimiento, incluso frente a limitaciones presupuestales o debates sobre la naturaleza del cargo. Se espera que este fallo influya en el manejo de futuras órdenes judiciales y responsabilidades administrativas.