Un operativo sin precedentes en materia salarial se concretó con la expedición del Decreto 0297 del 25 de marzo de 2026, que establece un aumento del 7 % para los funcionarios de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar, con efecto retroactivo al 1.º de enero de este año.
Este aumento corresponde al índice de precios al consumidor (IPC) de 2025, que fue del 5,1 %, más un 1,9 % adicional acordado con las centrales sindicales del sector público, consolidando así una mejora importante en la estructura salarial de jueces, fiscales y demás servidores judiciales.
Las nuevas escalas salariales fijan asignaciones básicas mensuales que oscilan entre poco más de 1,7 millones de pesos en los grados más bajos y superan los 6,5 millones en los más altos. A estos valores se suman primas, bonificaciones y otros beneficios que configuran el ingreso real de los funcionarios.
Para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el decreto establece una remuneración mensual de 11,6 millones de pesos, que incluye salario básico y gastos de representación.
Además, se restablece la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30 % del salario básico, tal como lo establece el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992, a pesar de la derogatoria del decreto que modificó esta prima para los congresistas.
El decreto también regula otras primas como las de servicios, Navidad y vacaciones, e incorpora beneficios adicionales como subsidios de alimentación y auxilios de transporte, que varían según el nivel salarial y la ubicación geográfica del funcionario.
Se reconoce una remuneración adicional del 8 % para quienes laboren en determinados departamentos y se establecen normas específicas para el pago de horas extras en cargos concretos.
En cuanto al régimen de transición, los funcionarios vinculados antes del decreto conservarán sus condiciones salariales y prestacionales, con incrementos anuales atados al IPC y a los acuerdos sindicales, mientras que los nuevos ingresos se regirán por las nuevas reglas sin afectar negativamente a los actuales servidores.
El decreto limita que ningún servidor judicial pueda devengar más que los magistrados de la Corte Suprema bajo ciertos parámetros y mantiene la prohibición de recibir más de una asignación del Tesoro Público, salvo excepciones legales.
Asimismo, se establece que ninguna otra autoridad podrá modificar este régimen salarial fuera del decreto, garantizando la estabilidad y transparencia en la remuneración de los funcionarios judiciales.
Este ajuste salarial llega en un momento de tensiones, tras demandas sindicales contra reducciones salariales previas para congresistas que impactaron en los ingresos de servidores indexados, incluidos magistrados y jueces.
“Bajo el sofismo de reducir el salario de los congresistas se está generando un efecto cascada que termina por desmejorar las condiciones salariales y prestacionales de cientos de servidores públicos, incluyendo la Rama Judicial”, expresó Pedro Alirio Sandoval, procurador judicial del sindicato Procurar.
Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso con la justicia y la estabilidad laboral de los funcionarios judiciales, asegurando un incremento justo y la protección de sus derechos salariales para el año 2026.