El presidente Gustavo Petro anunció la reactivación de la orden de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal jefe del ‘clan del Golfo’. La decisión representa uno de los movimientos más significativos del Gobierno frente a esa organización armada desde el inicio de la política de ‘paz total’.
Un decreto que cambia las reglas del juego
“He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias ‘Chiquito Malo’. Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado”, escribió Petro en su cuenta oficial, tras un mensaje del Ministerio de Defensa que anunciaba la captura de alias el Zarco, otro jefe del grupo en Córdoba.
En términos operacionales, la medida envía un mensaje claro a las autoridades encargadas de su búsqueda. Si alias Chiquito Malo es ubicado y capturado, ya no permanecerá en Colombia mientras se evalúan eventuales conversaciones con el Gobierno, sino que quedará habilitado el trámite para atender la solicitud de extradición presentada por la justicia estadounidense.
El fin de una suspensión clave
La suspensión de la extradición había sido uno de los mecanismos utilizados por el Gobierno para facilitar los denominados diálogos sociojurídicos con organizaciones armadas de origen criminal. De hecho, había sido solicitada en mayo pasado junto a otros 28 integrantes del grupo. Bajo ese esquema, los cabecillas podían permanecer en el país mientras avanzaban los acercamientos con el Estado y se exploraban fórmulas de sometimiento a la justicia. Con la firma del nuevo decreto, esa condición desaparece para el principal jefe del ‘clan del Golfo’, grupo armado que suma casi 10.000 integrantes con presencia en al menos 338 municipios del territorio nacional.
La razón política detrás del cambio
El propio presidente explicó que la decisión responde a la pérdida de confianza en ese proceso. “Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el Estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo”, afirmó, en una frase que sintetiza la razón política detrás del cambio de postura frente a la organización.
El pronunciamiento también deja ver que el Gobierno no abandona su estrategia de negociación con estructuras armadas, sino que establece una diferencia entre el modelo diseñado por la administración y la respuesta que, según el presidente, recibió por parte del ‘clan del Golfo’. Petro reiteró que sigue defendiendo una salida negociada a los conflictos armados y rechazó las respuestas exclusivamente militares. “Yo no creo en guerras totales, mortuorias, no creo en la barbarie, creo en lo civilizado y humano, y lo humano es hablar y disminuir la muerte y el dolor de la sociedad”, sostuvo.
Un modelo en entredicho
En esa misma publicación, el mandatario volvió a reivindicar el modelo de diálogos sociojurídicos construido por el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Según explicó, ese mecanismo buscaba combinar la transformación económica y social de los territorios afectados por economías ilegales con un diálogo jurídico que permitiera la dejación de las armas y la salida de las actividades ilícitas.