Un proyecto porcícola en Fusagasugá, que prometía rentabilidades de hasta el 34%, está bajo la lupa de la Fiscalía por una presunta estafa que supera los $3.000 millones. La denuncia, presentada por 37 inversionistas, apunta contra Mario Estupiñán, representante legal de Granja Bonanza, por el delito de estafa agravada por la cuantía.
El esquema de captación progresiva
Según el documento conocido por EL TIEMPO, entre 2019 y 2024, el proyecto operó bajo la fachada de una compañía próspera, utilizando una red de captación progresiva de recursos. Los inversionistas detallan que Estupiñán, quien trabajaba como Asistente Administrativo y Financiero del PNUD, generó confianza al presentar el proyecto como un negocio familiar con 10 años de trayectoria y certificación del ICA.
Planes de inversión y promesas de rentabilidad
- 20 cerdos: inversión de $4,8 millones con rentabilidad del 24%.
- 40 cerdos: inversión de $9,6 millones con rentabilidad del 26%.
- 80 cerdos: inversión de $19,2 millones con rentabilidad del 28%.
- 100 cerdos: inversión de $24 millones con rentabilidad del 30%.
En una segunda etapa, los contratos de inversión ofrecían rendimientos entre el 28% y el 34% efectivo anual, con una duración aproximada de un año. Los inversionistas recibían reportes periódicos en Excel que mostraban utilidades, las cuales eran capitalizadas o reinvertidas, incrementando progresivamente los montos comprometidos.
Los primeros incumplimientos
A mediados de 2024, los pagos cesaron por completo. Los inversionistas aseguran que fueron inducidos a seguir invirtiendo bajo falsas expectativas de rentabilidad. La denuncia identifica tres grupos de víctimas: quienes reinvirtieron y no recuperaron el capital, quienes recibieron pagos iniciales pero luego dejaron de recibirlos, y quienes aceptaron nuevas alternativas sin éxito.
Esta sistematicidad en el incumplimiento, sumada a la captación de nuevos recursos en plena mora, revela que el esquema no respondía a dificultades coyunturales del negocio, sino a una estructura de operación deliberadamente diseñada para inducir en error a los inversionistas y apropiarse de sus recursos.
EL TIEMPO consultó a Mario Estupiñán sobre las denuncias, pero hasta la hora de publicación no se obtuvo respuesta. La Fiscalía continúa con la investigación.