Un colectivo de 38 juristas, conformado por abogados, exmagistrados y académicos que se definen como defensores del Estado de Derecho, emitió un comunicado en el que cuestiona la decisión de la Fiscalía de vincular al expresidente Álvaro Uribe Vélez mediante una diligencia de indagatoria. El grupo aclaró que no se pronuncia sobre la responsabilidad penal del exmandatario, asunto que compete exclusivamente a la justicia, sino sobre las circunstancias en que se adoptó la medida.
El contexto de la decisión judicial
El pronunciamiento surge luego de que el expresidente fuera citado a indagatoria por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en la década de los 90 en Antioquia, así como por el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Los juristas subrayan que esta etapa es inicial en el proceso penal y que Uribe sigue amparado por la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.
La apertura de instrucción contra el expresidente puede tener un impacto negativo sobre la confianza en la independencia de la justicia, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales.
El comunicado del Grupo de los 38 Juristas no evalúa la culpabilidad de Uribe, sino que centra su crítica en el momento procesal y político de la decisión, advirtiendo que podría erosionar la credibilidad del sistema judicial en un contexto electoral sensible.