Los laboratorios se instalan entre la población civil
En recientes operaciones militares, el Ejército Nacional reveló que los grupos armados ilegales en Nariño han cambiado su estrategia para procesar cocaína. En lugar de ubicarlos en zonas selváticas alejadas, ahora instalan laboratorios dentro de viviendas en caseríos, veredas y hasta resguardos indígenas, especialmente en municipios costeros como Barbacoas y Tumaco.
Esta modalidad busca reducir costos logísticos y evitar la acción de las autoridades, pero implica un alto riesgo para las comunidades, violando el Derecho Internacional Humanitario al involucrar a población civil en actividades ilícitas.
Operativos revelan laboratorios en territorios indígenas
El 6 de septiembre, tropas del Batallón de Selva No. 53 y la Fuerza Aeroespacial Colombiana desmantelaron un laboratorio clandestino en la vereda La Mina, municipio de Tumaco, cercano a la frontera con Ecuador. Allí hallaron un laboratorio valorado en cerca de 1.000 millones de pesos mensuales y capturaron a alias Cascario, encargado logístico de la estructura criminal Oliver Sinisterra.
Además, el 31 de agosto se descubrió otro laboratorio dentro del resguardo indígena La Turbia, en Barbacoas. Durante la intervención, la comunidad indígena intentó ocultar insumos y equipos para evadir la incautación, evidenciando la presión ejercida por los grupos armados para silenciar a la población.
Laboratorios de gran escala en zonas rurales de Barbacoas
El 8 de septiembre, en la vereda Imbapí del resguardo La Turbia, el Ejército destruyó un complejo cocalero con más de 1.6 toneladas de clorhidrato de cocaína incautado y 2.5 toneladas en proceso de elaboración. La operación contó con apoyo de la Policía y la Fiscalía, y enfrentó resistencia por parte de miembros de la comunidad indígena, presuntamente obligados por estructuras criminales.
Los grupos armados buscan proteger sus laboratorios con la comunidad
El comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, coronel Javier Hernando Valenzuela, explicó que esta nueva táctica permite a los grupos criminales proteger sus laboratorios al ubicarlos en medio de caseríos y comunidades indígenas, que se ven forzadas a cuidar estas instalaciones ante la presencia de la fuerza pública.
Los laboratorios continúan produciendo entre 1 y 1.5 toneladas de cocaína mensuales, principalmente para abastecer mercados de Estados Unidos y Centroamérica. La proximidad a ríos y costas facilita el transporte hacia embarcaciones, incrementando la dificultad para la erradicación.
¿Cómo afectará esta estrategia a las comunidades y al combate al narcotráfico?
La reubicación de laboratorios en viviendas y resguardos indígenas plantea un desafío mayor para las autoridades y un riesgo creciente para las comunidades locales, que enfrentan presiones y amenazas. El futuro del combate al narcotráfico en Nariño dependerá de la capacidad estatal para proteger a la población y desmantelar estas redes sin poner en peligro a civiles inocentes.