Disputas por rutas ilegales intensifican violencia en Guaviare
La Defensoría del Pueblo confirmó que los recientes enfrentamientos entre las disidencias de 'Iván Mordisco' y 'Calarcá' en Guaviare no solo reflejan fracturas internas, sino que responden a la lucha por corredores estratégicos del narcotráfico. Estas rutas conectan Guaviare con Guainía y Caquetá y son clave para el transporte de cocaína, armas y combatientes, lo que explica la violencia extrema en la región.
La población civil queda atrapada en medio del conflicto armado
Los combates en zonas rurales, como la vía entre las veredas La Paz y La Libertad, dejaron al menos 26 muertos, entre ellos 21 hombres y cinco mujeres, presuntamente combatientes de los frentes Isaías Carvajal y Martín Villa. La Defensoría ha denunciado el uso de la población civil como escudo humano, especialmente afectando a comunidades indígenas como el pueblo Nukak, quienes han sido obligados a bloquear caminos bajo amenazas.
El Estado no puede permitir que la población civil sea instrumentalizada para la guerra: las comunidades tienen derecho a la paz y a la libre movilidad en sus territorios.
La Defensoría exige acciones urgentes para proteger a las comunidades
Desde enero de 2025, la Defensoría ha alertado sobre riesgos en derechos humanos en Guaviare, especialmente en San José del Guaviare, Calamar y El Retorno. Frente a la escalada actual, pide al Ministerio de Defensa fortalecer la presencia estatal con un enfoque de seguridad humana y control fluvial para evitar desplazamientos y confinamientos.
- Activación de corredores humanitarios para evacuación y atención médica.
- Sesión extraordinaria de la CIPRAT para proteger líderes sociales e indígenas.
- Garantizar la seguridad en escuelas y centros de salud, evitando su uso militar.
- Cese del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
- Fortalecimiento institucional para prevenir ataques con drones y explosivos.
¿Cómo evolucionará la crisis en Guaviare tras los enfrentamientos?
La región sigue bajo una presión constante por la disputa territorial entre grupos armados ilegales. La respuesta estatal y el cumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría serán determinantes para evitar un mayor deterioro humanitario y garantizar la protección de las comunidades afectadas.