Judicial

Juez ordena frenar obras de Zonas de Ubicación Temporal en Putumayo por omitir consulta previa

Un juez de tutela suspendió las obras de las Zonas de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, Putumayo, al considerar que se vulneró el derecho a la consulta previa de la comunidad indígena. La Presidencia, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no respondieron a la demanda.

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Foto: La voz del país

Un fallo que protege el territorio ancestral

Un juez de tutela ordenó frenar las obras de la Zona de Ubicación Temporal ubicadas en Valle Del Guamuez, Putumayo, amparando los derechos de un ciudadano que alegaba que no se había cumplido con el requisito constitucional de realizar consulta previa a las comunidades indígenas que habitan en la zona.

El juez falló a favor del resguardo que denunció haber sido excluido de las decisiones relacionadas con intervenciones en su territorio ancestral, para lo cual la Ley obliga adelantar un proceso de consulta previa, libre e informada en el que las comunidades sean partícipes del proyecto.

Silencio de las entidades demandadas

En el expediente, el despacho señaló que las entidades accionadas guardaron silencio frente a la demanda. Y, de acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, cuando los demandados no responden una acción de tutela, se presumen ciertos los hechos alegados, lo que permite al juez conceder el amparo solicitado.

Bajo ese argumento, el juzgado promiscuo municipal de Valle del Guamuez resolvió proteger los derechos invocados por la comunidad y ordenó la suspensión inmediata de las obras, adecuaciones y cualquier actividad derivada de la Resolución 053 del 25 de febrero de 2026, con la que se crearon las zonas de ubicación temporal (ZUT) para los integrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, en proceso de desarme.

La medida se mantendrá hasta que se lleve a cabo el proceso de consulta previa, libre e informada con el Resguardo Indígena Telar Luz del Amanecer.

Próximos pasos judiciales

La providencia también dispuso que las partes: Presidencia, Ministerio del Interior y Oficina del Alto Comisionado de Paz, sean notificadas de la decisión y advirtió que, si esta no es impugnada dentro del término legal, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La voz del país

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