El proceso penal contra cuatro integrantes de la Policía señalados de favorecer al presunto contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, avanzó este miércoles 26 de mayo con la reanudación de la audiencia preparatoria ante el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá.
En el caso son procesados los coroneles en retiro Alexander Galeano Ardila y Ricardo Orozco Baeza, conocido como ‘El Bendecido’; el mayor retirado Mario Andrés Sarmiento Rojas; y el intendente José Helí Álzate Moncayo. La Fiscalía los acusa de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, por presuntamente recibir sobornos para facilitar operaciones de contrabando.
Las pruebas que marcan el rumbo del juicio
Durante la diligencia judicial se definieron las pruebas documentales, testimoniales y técnicas que serán llevadas a la etapa de juicio. Entre ellas, el despacho avaló la declaración del denominado “agente encubierto”, quien se infiltró en la organización de alias Papá Pitufo y recopiló información sobre los presuntos pagos realizados a miembros de la Policía.
El juez también aprobó los informes elaborados por ese agente infiltrado, pese a la oposición de la defensa. En la audiencia, el despacho concluyó que la Fiscalía sí sustentó la pertinencia de esos elementos probatorios y que el contenido detallado de las conversaciones será discutido durante el juicio oral.
Además, se autorizó la incorporación de audios y videos contenidos en dos DVD identificados como “video de reunión del coronel retirado Galeano”, así como conversaciones obtenidas de una plataforma privada de mensajería instantánea en las que aparecerían Diego Marín Buitrago y otros presuntos contrabandistas conocidos con los alias de el Caleño y ‘Pacho’.
El trasfondo del caso: presuntos sobornos y omisión de controles
Según la acusación de la Fiscalía, los uniformados habrían omitido controles en el principal puerto de Bolívar, permitiendo el ingreso de mercancía que no cumplía con los requisitos legales.
Diego Marín Buitrago, señalado como uno de los principales articuladores de redes de contrabando en el país, permanece en Portugal.