Han transcurrido casi siete años desde que Iliass Tahiri, un joven marroquí de 18 años, falleció asfixiado tras ser inmovilizado por seis guardias de seguridad en el Centro de Internamiento de Menores de Tierras de Oria, Almería. La trágica muerte ocurrió el 1 de julio de 2019 durante la siesta y fue captada por las cámaras de seguridad del centro.
La intervención que causó la muerte no contó con autorización médica, incumpliendo los protocolos establecidos para la contención mecánica, lo que generó un intenso debate y la intervención del Defensor del Pueblo, quien recomendó prohibir este tipo de prácticas por los riesgos que implican.
A pesar de los intentos de archivo y reaperturas de la causa, el juicio oral, inicialmente fijado para octubre de 2024, debía celebrarse el 23 de abril de 2026. Sin embargo, el juez del juzgado número 2 de lo Penal de Almería instó a una conformidad o un nuevo aplazamiento debido a la falta de trámites procesales completos, incluyendo la obtención y reproducción de las grabaciones y la citación de testigos y peritos.
“Las enormes dilaciones de este procedimiento benefician a los acusados”, denuncia Ángel Gómez San José, abogado de la familia Tahiri, quien advierte que las penas solicitadas podrían reducirse considerablemente.
En el banquillo deberían sentarse al menos cuatro de los seis vigilantes implicados, junto con los responsables de la empresa Ginso y de la Junta de Andalucía, encargados del centro. La empresa ya asumió una responsabilidad civil al indemnizar a la familia con 190.000 euros a principios de 2026.
El proceso judicial ha estado marcado por cambios en la calificación del delito, pasando de un homicidio imprudente a un posible delito leve, lo que rebaja las penas y genera polémica sobre la justicia que se hará en este caso.
El informe forense detalló que Iliass murió en cuatro minutos, siendo colocado boca abajo durante la contención, una posición que contraviene los protocolos que exigen que la persona esté boca arriba salvo indicación médica. Esta postura, sumada a la inmovilización prolongada y la falta de vigilancia sobre su respiración, contribuyó a su fallecimiento.
El caso ha evidenciado la vulnerabilidad de los internos en centros de menores y ha puesto en cuestión las prácticas de contención mecánica utilizadas, especialmente en centros gestionados por Ginso, que acumulan informes negativos del Defensor del Pueblo y del Defensor del Menor.
“Durante la maniobra de contención prolongada, injustificada, se taponan las vías respiratorias contra la almohada durante varios minutos, sin que ninguno de los acusados velara por la respiración del menor”, señala el abogado de la familia.
A pesar de la ausencia de resistencia por parte de Iliass en las grabaciones, y de las constantes apelaciones del abogado de la familia para que se haga justicia, el proceso continúa enfrentando retrasos y posibles conformidades que podrían limitar la sanción a los responsables.