La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una petición contra el Estado colombiano por el caso de Darley Tatiana Torres Cardona, una joven hija de un militar retirado que padece graves enfermedades y cuya familia denuncia años de demoras e incumplimientos en la atención médica dentro del sistema de salud de las Fuerzas Militares. La decisión no establece responsabilidad estatal, pero abre la puerta a un análisis de fondo en la justicia internacional.
Una década de batallas judiciales
La petición fue presentada en 2016 por Deiby Alexander Torres Pinto, padre de la joven, quien nació prematura en 2003 y sufre síndrome de intestino corto, enfermedad de Crohn, hipoacusia bilateral severa, discapacidad intelectual leve, hipotiroidismo, litiasis renal e hidronefrosis. La familia estaba afiliada al subsistema de salud de las Fuerzas Militares por la condición de pensionado del padre.
Según la denuncia, durante más de una década la Dirección de Sanidad del Ejército (DISAN), la Dirección General de Sanidad Militar y otras entidades habrían retrasado o negado la entrega de medicamentos, citas con especialistas, terapias y procedimientos indispensables, pese a múltiples órdenes judiciales que exigían garantizar esa atención. El expediente documenta una larga cadena de acciones de tutela, incidentes de desacato y quejas desde 2011, con decisiones favorables que ordenaban tratamientos integrales, pero que fueron cumplidas solo parcialmente o con demoras que afectaron la salud de la paciente.
Los argumentos del Estado y la decisión de la CIDH
Colombia solicitó declarar inadmisible la petición, argumentando que el asunto ya había sido revisado por la justicia nacional y que la atención médica fue garantizada. Sin embargo, la CIDH concluyó que el objetivo no es revisar sentencias nacionales, sino establecer si hubo un incumplimiento sistemático de esas decisiones y si ello comprometió derechos protegidos por la Convención Americana. Además, consideró que la familia agotó los recursos internos tras años de litigios.
En su análisis preliminar, la Comisión señaló que los retrasos reiterados descritos por los peticionarios no fueron plenamente controvertidos por el Estado y podrían haber causado deterioro en la salud de la joven. Por ello, admitió que los hechos podrían configurar vulneraciones a los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, derechos de la niñez y derechos económicos, sociales y culturales.
¿Qué sigue en el proceso?
La CIDH estudiará ahora cómo respondió Colombia a estos hechos, con el fin de desestimar el caso o llevarlo a una instancia superior mediante un informe de fondo. Si el caso avanza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría juzgar al país y emitir órdenes de cumplimiento obligatorio.