Un operativo sin precedentes de justicia trae esperanza a una familia campesina que sufrió el abandono forzado y la violencia sistemática en Mapiripán, Meta, zona marcada por el conflicto armado y la masacre de 1997. El Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo que ordena la restitución de más de 2.700 hectáreas de tierra a Fernando Aguilar Plata y Abigaíl Florido, quienes fueron desplazados por la presencia de múltiples grupos armados ilegales.
Contexto de violencia y control territorial
El tribunal estableció que la familia estuvo sometida durante años a un contexto de dominio violento por parte de actores armados que afectaron gravemente su derecho a la propiedad. Inicialmente convivieron con la guerrilla de las Farc, bajo el mando de una comandante conocida como 'Jaqueline', que imponía extorsiones y reclutamiento forzado. Posteriormente, a finales de los años noventa, llegaron grupos paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes ejecutaron actos de despojo directo, incluyendo el robo de aproximadamente 200 cabezas de ganado.
La presión paramilitar llevó a Fernando Aguilar Plata a abandonar definitivamente sus predios en 2004, ante el riesgo inminente para su vida y la imposibilidad de continuar con la actividad ganadera. Tras el abandono, las tierras quedaron bajo control de estructuras criminales vinculadas al paramilitarismo, como las redes de alias 'Cuchillo' y 'El Loco Barrera'.
Reparación y restitución de derechos
El Tribunal concluyó que la familia fue víctima de despojo mediante coacción, al ser obligada a firmar documentos en blanco que facilitaron la transferencia irregular de sus tierras. Los actos jurídicos realizados sobre los predios desde el año 2000 fueron declarados nulos, ordenándose la cancelación de registros y la restitución efectiva de los terrenos a la familia Aguilar Florido.
“Los negocios jurídicos alegados por los opositores no fueron producto de una voluntad libre, sino que estuvieron atravesados por el contexto de violencia y presión armada”, afirmó el Tribunal Superior de Bogotá.
Este fallo representa un avance significativo en la lucha por la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia, reafirmando el derecho a la tierra y la dignidad de las comunidades campesinas afectadas.