Un grupo de 40 organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela manifestó su preocupación por la decisión de militarizar el estado La Guaira como parte de la respuesta al terremoto que ha afectado a distintas zonas del país. En un comunicado firmado en Caracas el 27 de junio de 2026, advirtieron que la atención a la emergencia debe desarrollarse bajo estricto respeto a las garantías fundamentales.
Las firmantes subrayaron que la prioridad inmediata es salvar vidas: localizar a las personas desaparecidas, rescatar sobrevivientes, atender a los heridos y garantizar el acceso a agua, alimentos, atención médica y refugio. No obstante, señalaron que la experiencia venezolana en desastres muestra los riesgos que surgen cuando la respuesta carece de controles civiles, transparencia y enfoque de derechos humanos.
La emergencia no puede repetir los abusos del deslave de 1999 ni dejar a los damnificados en refugios indefinidos.
Las ONG expresaron su preocupación por la militarización de La Guaira, Venezuela, y pidieron que la respuesta al desastre se maneje con un enfoque humanitario, evitando violaciones a los derechos humanos de los afectados.