Esta semana, Nassau, capital de las Bahamas, acoge la COP4 del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe diseñado para proteger a las personas defensoras del ambiente. Esta cita es crucial para que los 19 Estados Parte presenten informes sobre la implementación del acuerdo y discutan temas como la participación ciudadana, el acceso a la justicia ambiental y la transversalización de género.
Argentina: retrocesos normativos y limitaciones en la participación pública
Aunque Argentina cuenta con un Plan Nacional de Implementación aprobado en 2023, ha experimentado retrocesos significativos. El Decreto 780/2024 restringió el acceso a la información pública y se impusieron sanciones a quienes la solicitan reiteradamente. Además, procesos como la modificación de la Ley de Glaciares evidencian limitaciones severas en la participación social, con menos de 200 personas interviniendo pese a más de 100.000 inscritas.
- Desaparición de estructuras dentro del Ministerio de Ambiente.
- Derogación de herramientas para energías renovables.
- Modificaciones legales que permiten reemplazar audiencias públicas por mecanismos alternativos.
- Eliminación del Fondo de Bosques Nativos.
- Traspaso del manejo de incendios al Ministerio de Seguridad.
Colombia: avances políticos con implementación aún incierta
Colombia ratificó recientemente el acuerdo tras superar años de debates y desinformación. Sin embargo, la violencia contra líderes ambientales persiste y la Unidad Nacional de Protección requiere una reestructuración para abordar eficazmente la protección. El Ministerio de Ambiente lanzó en 2026 una hoja de ruta con 23 acciones prioritarias y estableció un sistema de gobernanza que incluye a la sociedad civil, aunque la ejecución aún está en sus primeras fases.
Chile: liderazgo formal con brechas en la implementación efectiva
Chile, que lideró las negociaciones del acuerdo pero ratificó tardíamente en 2022, cuenta con una hoja de ruta con 271 medidas y tribunales ambientales especializados. Sin embargo, enfrenta desafíos como la dificultad para que la información ambiental sea accesible, una participación ciudadana limitada en etapas tempranas, una justicia ambiental costosa y vacantes en tribunales, además de creciente criminalización a defensores ambientales.
Nassau: una oportunidad para consolidar la democracia ambiental
La COP4 se celebra en un contexto global complejo, con debilitamiento de instituciones multilaterales y cuestionamientos al cambio climático. Sin embargo, la reciente Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece obligaciones claras para los Estados en materia de protección climática y derechos humanos, alineadas con el Acuerdo de Escazú. La conferencia busca fortalecer mecanismos de exigibilidad y generar presión política para avanzar en la implementación real del tratado.
“El Acuerdo de Escazú no es solo un tratado: es la apuesta de nuestra región para fortalecer la democracia ambiental y los derechos humanos.”