Desde la adquisición supuestamente irregular del software espía Pegasus hasta denuncias sobre planes de asesinato vinculados a una ‘junta del narcotráfico’, la inteligencia colombiana ha estado en el centro de la controversia durante el gobierno de Gustavo Petro. Informes sin verificación adecuada llegan al presidente y son difundidos públicamente, generando dudas sobre el manejo responsable de la información.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dos entidades fundamentales en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, han sido cuestionadas por la cercanía de sus directivos con el presidente y por la presunta politización de sus operaciones. Jorge Lemus, exdirector de la DNI y la UIAF, y René Guarín, su sucesor, se encuentran en el epicentro de un escándalo que involucra reuniones con personajes del contrabando y acusaciones de corrupción sin pruebas concluyentes.
“En los últimos cuatro años, la DNI se convirtió en una especie de ‘escampadero’ para antiguos M-19 o sus cercanos, porque los sueldos son buenos. Eso explica el deterioro de las capacidades técnicas y la excesiva dependencia de metodologías anacrónicas”, señaló un antiguo agente de la agencia.
Este escenario ha revivido temores sobre la politización de la inteligencia estatal, recordando los escándalos que llevaron a la liquidación del extinto DAS en 2011. La ley de inteligencia vigente establece límites claros para evitar usos indebidos, pero expertos denuncian que estos controles se han debilitado, especialmente con el nombramiento de funcionarios por militancia política en lugar de méritos técnicos.
La pérdida de confianza con agencias extranjeras, como el Mossad, debido a posturas políticas del actual gobierno, y la desbandada de fuentes en temas clave como el seguimiento a grupos extremistas y la situación en Venezuela, han afectado la capacidad operativa de la DNI. Esto se refleja en la incapacidad para prever riesgos graves como el magnicidio del senador opositor Miguel Uribe.
- Nombramientos en la DNI vinculados a exmilitantes del M-19 sin la experiencia requerida.
- Uso de información no verificada que alimenta teorías conspirativas y desinformación.
- Reuniones de la DNI con criminales reconocidos como ‘Papá Pitufo’ y líderes del narcotráfico.
- Sospechas de corrupción y manejo político dentro de la inteligencia y la Fiscalía.
- Acusaciones públicas sin pruebas que afectan la credibilidad institucional.
Además, la DNI ha asumido roles no tradicionales, como negociar con grupos criminales y gestionar beneficios judiciales sin coordinación con la Fiscalía, lo que genera preocupación sobre la independencia y profesionalismo de la inteligencia estatal.
“La inteligencia del Estado perdió su dirección hace mucho. Hoy hablamos de una DNI totalmente politizada y desmarcada del profesionalismo y del fin esencial que tiene desde su misionalidad”, afirmó el coronel Jorge Alexánder Mora Cortés, experto en seguridad.
El impacto en la comunidad y en la seguridad nacional es profundo, pues la falta de continuidad y calidad en las operaciones de inteligencia limita la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales complejas y anticipar amenazas que afectan el orden público y la estabilidad del país.