La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atraviesa uno de los momentos determinantes desde su creación. A pocos días del cambio de gobierno, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha insistido en la necesidad de hacerle una ‘cirugía’ al modelo de justicia transicional, reabriendo el debate (que ya se creía superado) sobre el futuro de una institución que, en menos de una década, ha concentrado las investigaciones por los crímenes más graves cometidos durante más de 50 años de conflicto armado.
Mientras esa discusión gana fuerza en el escenario político, las cifras del tribunal muestran el alcance de su trabajo.
Las cifras que respaldan su labor
La JEP estructuró sus investigaciones en 11 macrocasos, diseñados para esclarecer los hechos más representativos del conflicto. En ellos ha acreditado a 13.017 víctimas individuales y 421 sujetos colectivos, mientras cerca de 15.000 comparecientes hacen parte de los procesos: 9.937 exintegrantes de las Farc, 5.167 miembros de la Fuerza Pública y 221 terceros civiles.
Uno de los indicadores que más destaca el tribunal es el avance en la determinación de responsabilidades. Hasta ahora ha imputado a 333 máximos responsables y el 92 % de ellos ha reconocido su participación en los hechos investigados, un nivel de aceptación de responsabilidad que la JEP considera excepcional dentro de los modelos de justicia transicional.
Ese avance permitió que este año quedaran en firme las primeras sanciones propias del sistema. Entre ellas están las impuestas a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y los seis integrantes del último secretariado de las Farc por el caso de secuestro, así como tres sentencias contra dos coroneles (r) y 12 militares retirados por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’.
Comparación internacional: un modelo excepcional
El debate sobre la permanencia y el alcance de la JEP también ha llevado a comparar sus resultados con otros mecanismos de justicia transicional implementados en diferentes países.
- En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y Reconciliación privilegió la reconciliación nacional sin imponer sanciones penales.
- En Sierra Leona, durante 11 años, solo se abrieron cuatro casos contra 13 responsables.
- En Camboya fueron procesados cinco responsables en 25 años y delitos como la desaparición forzada quedaron por fuera de los mecanismos creados.
- En Ruanda, el tribunal internacional acusó a 93 personas, obtuvo 62 condenas y 14 absoluciones durante 21 años de funcionamiento.
- En Europa, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia procesó a 161 acusados y dictó 90 sentencias en 24 años.
- En Irlanda del Norte, el Acuerdo de Viernes Santo apostó por la liberación de combatientes presos y la reintegración como eje central del proceso de paz, sin priorizar las condenas penales.
- En Chile y Argentina se documentaron miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos, pero el reconocimiento de esos hechos no se tradujo de inmediato en procesos judiciales ni en sanciones. Los juicios llegaron años después.
La JEP ha imputado a 333 máximos responsables y el 92 % de ellos ha reconocido su participación en los hechos investigados, un nivel de aceptación de responsabilidad que la JEP considera excepcional dentro de los modelos de justicia transicional.