Un cambio de enfoque frente al crimen en el área metropolitana
La violencia que enfrenta el área metropolitana de Bucaramanga dejó de responder únicamente a disputas entre bandas delincuenciales. Ese es el principal diagnóstico de la Alerta Temprana 015 de 2026 de la Defensoría del Pueblo, un documento que plantea un cambio de enfoque para entender el fenómeno criminal en Santander, pues ya no se trata solo de organizaciones dedicadas al narcotráfico, sino de estructuras capaces de ejercer una verdadera “gobernanza criminal”, imponiendo normas, controlando territorios y regulando la vida cotidiana de miles de habitantes.
El área metropolitana como un solo escenario criminal
El informe marca un punto de quiebre frente a alertas anteriores al abandonar el análisis aislado por municipios y estudiar al área metropolitana como un solo escenario de operación criminal. Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta aparecen conectados por corredores de movilidad que permiten a las estructuras ilegales desplazarse, reorganizarse y mantener el control pese a las operaciones de las autoridades. La Defensoría denomina este fenómeno como un sistema de violencia urbana híbrido, donde confluyen dinámicas propias del conflicto armado con organizaciones de crimen organizado cada vez más sofisticadas.
Drogas sintéticas y reclutamiento digital: las nuevas amenazas
Uno de los hallazgos más llamativos es que el negocio criminal ya no depende exclusivamente del microtráfico tradicional. La alerta advierte sobre la rápida expansión del mercado de drogas sintéticas como MDMA, LSD, ketamina y “tusi”, además del tráfico ilegal de medicamentos psiquiátricos. Estas economías ilícitas, señala el documento, migraron hacia plataformas digitales y servicios de mensajería, un cambio que dificulta la acción de las autoridades y facilita el acceso de niñas, niños y adolescentes a estas sustancias.
El documento también advierte sobre una transformación en la forma de reclutar menores de edad. Ya no solo son víctimas del consumo de drogas: ahora son utilizados como “correos humanos”, “campaneros” o administradores del dinero producto de la venta de estupefacientes. Incluso identifica casos de violencia digital mediante extorsiones con fotografías íntimas para obligarlos a participar en actividades criminales.
El poder criminal desde las cárceles
Otro aspecto que preocupa a la Defensoría es la capacidad que mantienen las organizaciones criminales desde los centros penitenciarios. Según la alerta, la captura de cabecillas no ha significado el debilitamiento de estas estructuras, pues continúan coordinando homicidios, extorsiones y retaliaciones desde las cárceles de Palogordo y La Modelo. El informe documenta además el uso de drones para ingresar armas, drogas y dispositivos de comunicación, así como las amenazas del grupo denominado “Mago” contra funcionarios del Inpec en respuesta a los controles penitenciarios.
Los actores ilegales y su control territorial
En cuanto a los actores ilegales, la Alerta Temprana identifica una compleja red de organizaciones que operan en distintos niveles. ‘Los del Norte’ mantienen influencia histórica sobre el norte de Bucaramanga; ‘Los del Sur’, pese a la captura de su máximo líder en México, continúan expandiendo su presencia hacia Girón y Piedecuesta; mientras que el ‘Tren de Aragua’ aparece consolidando alianzas con grupos locales para prestar servicios de sicariato, extorsión y protección de expendios de droga. A ellos se suman organizaciones como ‘Los Claverianos’, ‘Los Paparotes’, ‘Choricaldas’, ‘Los Manchados’, reductos de ‘La Cordillera’ y múltiples estructuras barriales que controlan las llamadas “fronteras invisibles”.
En numerosos barrios ejercen funciones propias de un poder paralelo: deciden quién puede ingresar a determinados sectores, administran una especie de justicia informal, imponen normas de comportamiento y extienden mecanismos de extorsión y préstamos “gota a gota” que terminan sometiendo económicamente a comerciantes y residentes.
Poblaciones vulnerables frente a la expansión criminal
La Defensoría también identifica poblaciones particularmente vulnerables frente a esta expansión criminal, entre ellas aparecen niñas, niños y adolescentes, mujeres trans, migrantes, funcionarios del Inpec, líderes sociales, habitantes de calle y firmantes del Acuerdo de Paz. Cada grupo enfrenta riesgos distintos: desde el reclutamiento para actividades ilícitas y la explotación económica, hasta amenazas, desplazamientos, homicidios o intentos de cooptación por parte de las organizaciones criminales.