El terrorismo en Colombia registra su peor inicio de año en una década, pese a la reducción de ataques a infraestructura estratégica
Los datos preliminares del Ministerio de Defensa, divulgados en el más reciente informe de monitoreo de orden público, revelan una paradoja preocupante: mientras los atentados contra oleoductos, vías y puentes han disminuido en comparación con el año anterior, los hechos catalogados como terrorismo y actos terroristas alcanzaron su punto más alto en los últimos diez años. Entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 616 eventos de esta naturaleza, una cifra que supera en 77 casos (+14,3 %) los 539 registrados en el mismo periodo de 2025, y que representa la mayor acumulación para un primer semestre desde 2016, cuando se reportaron 425 incidentes. Este incremento sostenido evidencia una mutación en las estrategias de los grupos armados ilegales, que han trasladado su capacidad de ataque desde objetivos tradicionales —como la infraestructura petrolera y vial— hacia acciones con un mayor impacto social y mediático.
El informe, al que tuvo acceso este diario, detalla que la tendencia ascendente comenzó a consolidarse a partir de 2021, año en el que se registraron 635 eventos terroristas en todo el territorio nacional. En 2022 la cifra escaló a 1.202; en 2023 se mantuvo en 1.245; y en 2025 alcanzó los 1.398 casos, un incremento del 69 % respecto a 2021. En contraste, los ataques a infraestructura estratégica —que incluyen voladuras de oleoductos, torres eléctricas y carreteras— cayeron un 22 % interanual en el mismo período. Este comportamiento sugiere que los grupos armados han priorizado tácticas de hostigamiento, intimidación a la población civil, atentados contra la fuerza pública y acciones con explosivos en cascos urbanos, dejando en un segundo plano los sabotajes a la infraestructura nacional, que requieren mayor planeación y exposición a las operaciones militares.
Las cifras históricas y el repunte de mayo de 2026
El pico más reciente está directamente asociado a la ola violenta que sacudió los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca a finales de abril de 2026, cuando se produjeron más de 70 eventos terroristas en menos de diez días, atribuidos por las autoridades a las disidencias de las FARC bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. Estas acciones incluyeron detonaciones de carros bomba, hostigamientos a estaciones de policía, quema de vehículos de transporte público y bloqueos de vías, que dejaron un saldo de al menos 12 civiles heridos y seis uniformados muertos. La ofensiva, coordinada desde los campamentos en la frontera con Ecuador, demostró que pese a los operativos de las fuerzas militares, estos grupos mantienen una alta capacidad logística para movilizar explosivos y accionar ataques simultáneos en varios municipios. La serie histórica del Ministerio de Defensa muestra que, en 2016 —año de la firma del acuerdo de paz con las FARC—, el total anual de hechos terroristas fue de 824, una cifra que hoy parece baja en comparación con los 1.398 de 2025. Sin embargo, el dato más revelador es que en 2020, marcado por la pandemia y las restricciones de movilidad, el país registró solo 427 casos; desde entonces la curva no ha dejado de ascender.
El análisis de los datos desagregados por tipo de evento revela que el incremento no es homogéneo: mientras los atentados con explosivos crecieron un 31 % respecto a 2025, las acciones armadas contra la infraestructura crítica cayeron un 18 %. Este cambio de patrón tiene consecuencias directas en la percepción de seguridad de la población civil, que se ha visto expuesta a un mayor número de ataques en zonas urbanas y semiurbanas. En particular, los municipios de Tumaco, Barbacoas, Buenaventura y Jamundí concentraron el 44 % de los eventos registrados en el primer semestre, una tendencia que coincide con la expansión territorial de las disidencias y la sustitución de cultivos ilícitos. Los expertos en seguridad consultados por este diario coinciden en que la caída de los ataques a oleoductos no obedece a una pérdida de capacidad operativa, sino a un cálculo estratégico: atacar la infraestructura petrolera genera una respuesta inmediata de las fuerzas militares y afecta las economías ilegales que dependen de las rutas de narcotráfico.
Implicaciones para la política de seguridad y el control territorial
El comportamiento ascendente del terrorismo en Colombia plantea serios desafíos para la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno nacional. La persistencia de estas cifras contradice el discurso oficial de una reducción generalizada de la violencia y evidencia que los grupos armados ilegales —especialmente las disidencias de ‘Iván Mordisco’, el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia— han encontrado en el terrorismo una herramienta eficaz para mantener su presión sobre las comunidades y las instituciones locales. En Nariño, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo reportó que en lo que va de 2026 se han presentado 11 masacres, 23 desapariciones forzadas y más de 1.500 desplazamientos forzados, todos vinculados a acciones terroristas previas. Los analistas advierten que, sin una intervención integral que aborde tanto las causas estructurales del conflicto como la capacidad operativa de estos grupos, la tendencia podría continuar al alza durante el segundo semestre del año.
En el plano técnico, las fuerzas de seguridad han debido reconfigurar sus prioridades operativas, pasando de la protección de infraestructura estratégica —que sigue siendo importante pero ha dejado de ser el principal objetivo— a la interceptación de explosivos y la vigilancia de corredores urbanos. La inteligencia militar ha detectado un aumento en la fabricación de artefactos improvisados en talleres clandestinos ubicados en zonas rurales de Putumayo, Caquetá y Guaviare, donde la presencia de minas antipersona también se ha incrementado un 15 % en el último año. A nivel regional, la cooperación con las fuerzas armadas de Ecuador y Perú se ha vuelto crucial, dado que muchos de los explosivos y armamentos utilizados en los atentados ingresan por pasos ilegales en la frontera sur. Sin embargo, los reportes de la Policía Nacional indican que solo el 8 % de los casos terminan en capturas, lo que revela una baja efectividad en la judicialización de estos delitos.
“Las cifras de terrorismo no son un reflejo de la debilidad del Estado, sino de la adaptación de los grupos armados a un contexto donde golpear a la población civil tiene un costo político menor que atacar la infraestructura nacional” — Afirmó un analista de seguridad que prefirió mantener su nombre en reserva por razones de seguridad.