A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la Contraloría General de la República aseguró que el principal desafío del Estado ya no es únicamente garantizar recursos para su implementación, sino lograr que las inversiones se traduzcan en cambios reales para las comunidades. El pronunciamiento fue hecho durante el Congreso Internacional '10 años del Acuerdo de Paz: entre la firma y la realidad', en el que el organismo presentó un balance sobre la ejecución financiera del proceso.
Una ejecución presupuestal que aún deja dudas
Durante la instalación del evento, el contralor general encargado, Carlos Enrique Silgado, reiteró que entre 2017 y el primer trimestre de 2025 Colombia ejecutó $107,47 billones para implementar el Acuerdo de Paz, cifra equivalente al 53 % de los $201,5 billones proyectados para los primeros 15 años del Plan Marco de Implementación. Además, destacó que 2024 registró la mayor ejecución anual desde la firma del acuerdo, con $19,2 billones.
La paz no se mide únicamente en porcentajes presupuestales. La paz debe dejar de ser una promesa escrita.
Silgado explicó que los resultados deben evidenciarse en aspectos como el acceso a tierras, el desarrollo de infraestructura, la ampliación de la cobertura educativa, la protección de líderes sociales, la reparación integral de las víctimas y la generación de oportunidades para los firmantes del Acuerdo de Paz.
El rol de la Contraloría en el seguimiento a la paz
El jefe del organismo de control también reiteró que la Contraloría mantendrá un seguimiento permanente sobre los recursos destinados a este proceso. 'Nuestra misión es vigilar que cada peso público destinado a la paz cumpla su finalidad y se traduzca en resultados para los territorios', sostuvo durante su intervención.
Las cifras del Instituto Kroc: solo el 36% de las disposiciones están implementadas
En el encuentro también se expusieron cifras del Instituto Kroc, entidad encargada de hacer seguimiento internacional a la implementación del Acuerdo. De acuerdo con ese balance, solo el 36 % de las 578 disposiciones pactadas en 2016 se encuentran completamente implementadas, lo que evidencia los desafíos que aún enfrenta el Estado para cumplir los compromisos adquiridos.
Frente a ese panorama, los participantes coincidieron en que el reto para los próximos años será acelerar la ejecución efectiva de las medidas pendientes y garantizar que los beneficios del Acuerdo lleguen a las comunidades donde persisten las mayores afectaciones derivadas del conflicto armado.
La verdad jurídica y la verdad fiscal deben encontrarse en un mismo propósito: lograr que la paz deje de ser una promesa escrita o una asignación presupuestal y se convierta en una realidad visible para las comunidades.
El Congreso Internacional sobre los diez años del Acuerdo de Paz reunió a representantes de entidades públicas, organismos internacionales, académicos y expertos para analizar los avances, los desafíos pendientes y el papel del control fiscal en la consolidación de la paz territorial, en un momento clave para el cierre del actual Gobierno y el inicio de una nueva etapa en la implementación del Acuerdo.
Asistieron los presidentes de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses; del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa; del Consejo de Estado, Alberto Montaña; de la Comisión de Disciplina Judicial, Carlos Arturo Ramírez; y de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis.